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Proceso por la tragedia de Darfur

La justicia internacional ordena detener al presidente de Sudán

La CPI acusa a Al Bashir de crímenes contra la humanidad en Darfur

La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, ha convertido a Omar al Bashir, presidente de Sudán, en un proscrito de la justicia al ordenar su arresto por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la región de Darfur, al oeste del país. Por falta de pruebas, los jueces no incluyen el cargo de genocidio, solicitado también por el fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, y que podría incorporarse más adelante al proceso. Sin embargo, Al Bashir ya no está seguro. Tanto los países que reconocen a la Corte (106 han firmado de momento el Estatuto de Roma), como los que forman el Consejo de Seguridad de la ONU, pueden detenerle en cuanto abandone Sudán.

La reacción del Gobierno sudanés llegó de inmediato. En Jartum, la capital, el ministro de Justicia, Andel Baset Sedrat, calificó la orden de "acto político que nada importa". En la calle, miles de personas aclamaron al presidente al grito de: "Estamos contigo; sigue, sigue, guía". En Darfur, las autoridades optaron por hacer una demostración de fuerza, e hicieron desfilar a las tropas por las calles de la capital regional, Al Fashir. El mensaje parece claro.

A Omar al Bashir le busca la justicia internacional por haber convertido en una tragedia humanitaria la lucha contra grupos de rebeldes sudaneses de población negra, que se consideraban marginados por la comunidad árabe. Desde 2003, y apoyándose en el Ejército y las milicias árabes janjaweed, la represión orquestada desde su Gobierno incluyó asesinatos, violaciones y torturas de miles de civiles. Según datos de la ONU, hubo 300.000 muertos. Casi tres millones han perdido su hogar y han sido desplazados o viven refugiados en países vecinos. "El hecho de que sea un jefe de Estado no le exime de responsabilidad ni le hace impune ante la Corte Penal", dijo ayer Laurence Blairon, su portavoz.

Hay una aclaración jurídica que el fiscal Moreno Ocampo llenó de contenido con un ejemplo gráfico. "Como en el caso de [Slobodan] Milosevic [ex presidente serbio] y Charles Taylor [ex líder liberiano], el destino de Al Bashir es sentarse ante los jueces. Ya sea dentro de dos meses o de dos años", dijo. En 2007, uno de sus colegas, David Crane, fiscal fundador del Tribunal Especial para Sierra Leona de la ONU, foro que juzga a Charles Taylor a pesar de una endémica falta de fondos que perjudica su trabajo, ya mostró una convicción similar.

"Al principio se oye que los problemas de África requieren soluciones africanas. Y que la paz en la región, cualquiera que sea, debe lograrse antes que la justicia. Pero es a corto plazo. A la larga, tienen que afrontar las órdenes de arresto. Casi puedo garantizar que en un plazo de cinco años, Al Bashir comparecerá ante la justicia y en Sudán habrá paz", aseguró entonces.

Para organizaciones humanitarias como Human Rights Watch, no entregar al presidente sudanés "equivaldría a decirle a los criminales que pisotean los derechos humanos que la justicia se puede negociar". Su preocupación contrastaba con la seguridad del propio Al Bashir poco antes de saberse buscado por los jueces. "Dejemos que la Corte ponga en remojo estas resoluciones y luego se beba el agua", dijo, durante la inauguración de una presa en Marwi, en la frontera egipcia.

Estados Unidos, que no es miembro de la CPI pero se ha involucrado en este caso, respondió con contundencia. Según Robert Wood, portavoz del Departamento de Estado, su país "esperaba que quienes hayan cometido crímenes de esta índole sean juzgados por ello". Egipto, por su parte, trató de ganar tiempo. Ahmed Aboul Gheit, su ministro de Exteriores, llamó al Consejo de Seguridad a suspender la detención. La Liga Árabe expresó también desde El Cairo su "fuerte descontento" por la orden de detención.

En Darfur, de momento, la situación ha empeorado en los campos de refugiados. Al menos una decena de ONG se vieron obligadas a abandonar la zona. El Gobierno les dijo que "no podía garantizar su seguridad" tras conocerse la decisión judicial. Es el principio de un nuevo pulso con la ONU, pero en el que las víctimas son siempre civiles.

Seis años de horror

- La rebelión en Darfur se inicia en febrero de 2003. Guerrilleros toman posiciones pidiendo un reparto más justo del poder y las riquezas. La discriminación de la población negra por la árabe alimenta el conflicto

- La contraofensiva del Gobierno se recrudece en enero y febrero de 2004, con graves violaciones de derechos contra la población civil

- La llegada de soldados de la Unión Africana en misión de paz, en agosto, no evita que la población sufra "crímenes contra la humanidad", según la ONU

- Sudán se niega a que 17.000 'cascos azules' sean desplegados en agosto de 2006. Los intentos de paz fracasan por la división entre las facciones rebeldes y la actitud del Gobierno sudanés

- Jartum lanza una nueva ofensiva tres meses después. Crecen las denuncias por las atrocidades cometidas contra la población. Unas 300.000 personas han muerto y casi tres millones han sido desplazadas de sus hogares

- Amnistía Internacional acusa a China, en mayo de 2007, de vender las armas usadas contra la población

- La Corte Penal emite el 4 de marzo de 2009 una orden de arresto contra el presidente de Sudán, Omar al Bashir

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 5 de marzo de 2009

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