El Gobierno exige por decreto las cuentas de la Ley de Dependencia

El Gobierno no está dispuesto a seguir dando a las comunidades dinero por la Ley de Dependencia si éstas no demuestran que sus ciudadanos están efectivamente recibiendo las ayudas. Se lo ha exigido por activa y por pasiva, lanzando incluso un ultimátum. Pero no ha logrado que las autonomías justifiquen las partidas, así que ha endurecido con un nuevo decreto las condiciones para librar una cantidad por cada dependiente registrado en el sistema informático.

Sólo se pagará si se especifica qué prestación va a recibir la persona, si se trata de una plaza de residencia, una asistencia a domicilio, ayuda económica al familiar que cuida... Y sólo se librará el dinero a partir de la fecha en que se esté recibiendo de verdad ese servicio. Si ha pasado un año entre la fecha que se hizo constar y el momento en que la persona recibe la prestación o ayuda, el Gobierno no garantizará que los pagos a las comunidades por esas personas se hagan a tiempo.

Un 44% de las prestaciones consta como "sin especificar"

Persisten severas contradicciones entre el Ejecutivo y las comunidades

En la actualidad, con los últimos datos hechos públicos, se desconoce qué prestación se ha concedido al 42% de las 530.000 personas que se dan por atendidas. Por tanto, cabe preguntarse si lo están realmente si sólo se ha reconocido su derecho a recibir una prestación. No puede saberse, por ahora.

Al inicio de la ley, algunos dirigentes de comunidades reconocían que uno de los primeros pasos que se dieron fue registrar en el sistema a los discapacitados ya atendidos, ancianos en residencias, por ejemplo, para ir recibiendo dinero estatal y seguir implantando la ley. Pero eso será ahora imposible también porque la modificación de la ley obliga a que sea el propio anciano o sus familiares los que inicien el procedimiento.

Pero esos, al menos, estaban ya atendidos. Lo que se desconoce es si lo están los nuevos solicitantes, los que no recibían ayuda alguna y ahora tienen reconocido ese derecho aunque las comunidades no indican qué prestación les corresponde. Puede que estén en su casa esperando.

El Gobierno ya dio el año pasado un plazo de seis meses a las comunidades para que aportaran esa información "en aras de una mayor claridad", se dijo entonces. Pero también se habló de cortar el grifo del dinero si esto no se hacía. Pues no se hizo del todo, y casi la mitad de los beneficiarios siguen en el misterio.

¿Por qué las comunidades no especifican la prestación que ofrecen? Las respuestas son variopintas. En Aragón dicen que no pueden porque les faltan los últimos trámites burocráticos, que de su porcentaje de dependientes sin prestación especificada hay unos 3.000 muertos por cuya solicitud se pagará, pero ya no recibirán ayuda alguna y, por último, señalan que el Gobierno no ha pagado aún por todas esas personas. En Andalucía la respuesta es mucho más escueta: "Es imposible introducir un expediente si no se especifica la prestación". Y lo mismo dicen en Cataluña.

El Gobierno da una versión completamente diferente, contradictoria. Dicen que es el propio sistema informático el que señala las prestaciones sin especificar haciendo una simple resta entre los beneficiarios que registran las comunidades y las prestaciones que sí especifican: el resto son esos ciudadanos de los que no se sabe si esperan en casa por una plaza de residencia o una ayuda económica.

Y, de ésos, Andalucía tiene más de 46.000, un 28% del total. Y Andalucía está bastante por debajo de la media. Espectacular es el caso de Canarias, con un 80%, seguida de Murcia y Baleares, con un 66%.

Castilla y León, también por debajo de la media (38%), ofrece el siguiente razonamiento: "Puede ocurrir que falten algunos datos sobre el solicitante, que hemos de pedir a Hacienda, por ejemplo, o que algunos beneficiarios no han elegido aún la ayuda que desean; y los menos, son casos en que aún no hemos determinado la prestación que se dará al solicitante", el llamado Plan Individual de Atención (PIA), explica el consejero castellanoleonés, César Antón.

De nuevo, se alude a los últimos trámites, que esta comunidad ha decidido reunificar en un solo paso "para no marear al ciudadano". Siempre ha habido quejas de exceso de burocracia en una ley que echó a andar quizá con demasiada premura.

En la Comunidad de Madrid, en la que enarbolan sus buenas cifras de personas atendidas -aunque no bajo la Ley de Dependencia-, dicen que aquellas cuya prestación está sin especificar en el sistema informático son las que no tienen el plan individual de atención (PIA) cumplimentado aún. Y están molestos porque el Gobierno "ha cambiado las reglas de juego a mitad de partida". Desde la Comunidad Valenciana reconocen sin ambages que sólo están atendidos los que se especifican. Los demás, esperan, dicen.

Sin embargo, el Gobierno cada vez que da esas cifras, al menos hasta ahora, hablaba de personas a las que daba por atendidas, que en este caso serían 567.068. Pero si todas las comunidades hacen lo mismo que la valenciana, un 44% de esa cifra aún estaría esperando la ayuda correspondiente.

El nuevo real decreto también recuerda a las comunidades que sólo podrán valorar el grado de dependencia de sus ciudadanos siguiendo los baremos que se aprobaron en la ley, que entró en vigor a principios de 2007.

Muchos extremos en la Ley de Dependencia son difíciles de esclarecer, liados como están en la maraña entre las Administraciones regionales y la central. Hace meses el conflicto estaba en el sistema informático. Algunas comunidades decían que no podían volcar los datos, el Gobierno lo negaba. Un equipo de expertos en el Ministerio de Administraciones Públicas evalúa ahora dicho funcionamiento.