UGT clama por la "traición" del cierre de Fertiberia y anuncia movilizaciones

"Una decisión adoptada a traición". La orden dada por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente a Fertiberia, empresa del Polo Químico de Huelva, de cesar los vertidos de fosfoyesos (subproducto obtenido de la fabricación de ácido fosfórico que se emplea como fertilizante) a las marismas del Tinto, es interpretada por el sindicato UGT como una "felonía" contra la empresa y un "abuso de poder". Así de taxativo se mostró ayer el secretario provincial de la Federación de Industrias y Afines de UGT, Luciano Gómez. El dirigente sindical recordó que "aún está abierto el proceso judicial", ya que la empresa tiene recurrida la sentencia de la Audiencia Nacional, que declaraba caducada la concesión administrativa para seguir vertiendo en la zona de dominio público marítimo-terrestre. "Estamos en un Estado de Derecho y la empresa tiene que agotar todas las vías jurídicas disponibles para que la clausura de la fábrica se haga de forma razonada, ordenada y que satisfaga a todos", indicó Luciano Gómez.

El dirigente sindical indicó que la ejecución del mandato de Costas tendrá consecuencias "dramáticas" porque supondrá dejar "en la calle a cientos de padres de familia". La fábrica en Huelva cuenta con 370 empleados. La decisión "nos abocará al paro más brutal", señaló Gómez, para añadir: "Los trabajadores no lo vamos a permitir y vamos a pelear por nuestros puestos de trabajo". Mañana lunes los representantes sindicales han convocado a los operarios en asamblea para diseñar un plan de protestas frente a una resolución que consideran "inaceptable".

Gómez remarcó que es la tercera vez que Costas "incumple un acuerdo alcanzado con el visto bueno de la Junta, la dirección de la empresa y los sindicatos". Un pacto sellado, según Gómez, con tres reglas de oro: "Cese paulatino de los vertidos, plan de recuperación ambiental de la zona degradada por los residuos y avales para garantizar el cumplimiento de los trabajos". Luciano Gómez explicó que la primera vez que se alcanzó un acuerdo entre las partes fue en diciembre de 2006, antes de la sentencia de la Audiencia Nacional. Entonces se hablaba de cese de los vertidos para 2016. "Costas finalmente se retractó, pero la empresa reclamó un nuevo acuerdo", señaló Gómez. "Se suscribió un nuevo pacto y Costas volvió a incumplirlo", indicó. Posteriormente, el 27 de junio se conocía el fallo de la Audiencia Nacional. El último intento de acercar posturas se produjo en septiembre de 2008. La fábrica presentó un nuevo plan de clausura que fijaba el desmantelamiento de las instalaciones para el 2012. Ese plan no se ha ajustado a las exigencias ambientales exigidas por Costas, según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, que consideraron el plan como "inaceptable".

Por su parte, el director de Fertiberia en Huelva, Roberto Ibáñez, señaló ayer que el documento de Costas es "duro, contundente y rotundo", aunque expresó su confianza en que la Junta ponga orden "a este asunto". La delegación de la Junta eludió pronunciarse porque, según un portavoz, es un asunto que "no les compete".

El documento está siendo analizado por los servicios jurídicos de la fábrica. Ibáñez precisó que la empresa "actuará siempre en el marco de la legalidad".

El subdelegado del Gobierno en Huelva, Manuel Bago, aseguró que realizarán todos los esfuerzos para lograr un "acuerdo consensuado para evitar efectos traumáticos no deseados".

Por su parte, el PP de Huelva mostró su apoyo a los trabajadores y acusó al PSOE de engañarlos. La socialista onubense Antonia Moro aseguró que su partido respaldará una "cierre ordenado".