La Ley de la Ciencia reestructura las carreras de investigación

La contratación laboral será el nuevo eje de la carrera de los científicos de los Organismos Públicos de Investigación (OPI), y las escalas actuales de funcionarios de los mismos se reestructurarán completamente, según el borrador de la nueva Ley de la Ciencia que ayer se presentó oficialmente. La elaboración del documento por 25 expertos -convocados por el Ministerio de Ciencia e Innovación- arrancó el otoño pasado. Ahora el borrador entra en fase de debate con las comunidades autónomas, los sindicatos, los organismos de la Administración central, etcétera. La nueva ley, que debe sustituir a la vigente (de 1986), es un objetivo prioritario del Gobierno.

El borrador especifica que se crea una figura de contrato laboral para adaptar al sistema español de ciencia y tecnología la carrera denominada tenure track, habitual en el ámbito internacional. "Se trata de una primera contratación laboral de cinco años con una evaluación externa al final del tercer año, cuya superación conduce a la contratación indefinida".

Los investigadores tendrán contratos temporales e indefinidos

Se podrá pedir una excedencia de cinco años para trabajar en la empresa

Además, se facilita la contratación de investigadores no españoles y la de científicos distinguidos en escalas altas o incluso en la superior, con contratos similares a los de alta dirección en el sector privado. Esta regulación existe ya en las universidades y en las agencias de investigación.

Para los funcionarios de los OPI se suprimirán las actuales escalas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y se crearán otras paralelas pero de Organismos Públicos de Investigación, con idénticas retribuciones. Esto debe permitir la adaptación futura de la situación de los investigadores de los otros OPI (en el plazo de un año desde que se apruebe la Ley) mediante un reglamento que elaborará el Gobierno. Además, el borrador recoge la creación de escalas profesionales de tecnólogos y técnicos, una vieja aspiración de los OPI. Esta adaptación no dejará de ser problemática dada la diversidad de escalas y niveles salariales actuales en estos organismos, han advertido ya los sindicatos.

El punto más controvertido de la elaboración del borrador ha sido la reestructuración misma de los OPI. El ministerio llegó a proponer su unificación bajo un súper-CSIC, estructurado en tres divisiones con autonomía de funcionamiento. De todo eso no queda nada, aunque sí se especifica que el Gobierno (en un plazo de dos años) "podrá reorganizar los actuales organismos públicos de investigación para adecuarlos a los objetivos de la presente ley".

El borrador de la ley incide en facilitar la movilidad de los investigadores entre diferentes instituciones científicas y universidades, para eliminar una de las carencias más notorias del sistema español de ciencia. Además, el documento contempla la posibilidad de pedir excedencia por un plazo de hasta cinco años para trabajar en empresas privadas. También se regula la cooperación de las instituciones científicas públicas con el sector privado mediante la participación en sociedades mercantiles.

Otra novedad largamente esperada de la futura ley es la creación de la Agencia Estatal de Financiación de la Investigación, (con patrimonio propio y autonomía de gestión) para financiar la investigación básica y aplicada, así como "colaborar en las tareas de seguimiento y evaluación". Además, se reestructurará el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), que se encargará de financiar las actividades del desarrollo experimental.

La futura ley supera carencias de la vigente. Es el caso de la creación de un comité de ética que fijará los principios de buenas prácticas en investigación, es decir, un código para evita el fraude, el plagio y la trampa.