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Reportaje:

Los enfermos mentales que no ve la Xunta

Las familias asumen los servicios de asistencia que evita gestionar la Administración

La Xunta reconoce 32.624 enfermos mentales en toda la comunidad, pero la cifra de los que padecen dolencias psiquiátricas severas del tipo esquizofrenia, psicosis y trastornos de personalidad o bipolares ronda los 81.000 gallegos. Los ronda o más bien los supera, porque según Luis Ferrer i Balsebre, jefe de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, la incidencia de la enfermedad mental crónica es del 3% (en una población de 2.767.524 habitantes). Y dentro de este grupo de pacientes, un tercio, más de 27.000 personas, una población equivalente en tamaño a la de Ribeira, viven sobre la cuerda floja de la esquizofrenia, sorteando a duras penas los brotes de la más grave y abundante enfermedad mental.

El 36% de los cuidadores terminan precisando asistencia psiquiátrica

El 80% de estas personas han enfermado al final de la adolescencia y no han terminado de formarse ni se han incorporado al mercado laboral. Según María del Carmen Viz, trabajadora social desde hace tres décadas en el Psiquiátrico de Conxo, el 85% de sus pacientes dependen de una pensión no contributiva de 328 euros y muchos han perdido el vínculo con sus familias o simplemente ya no tienen esos padres que eran su puente para volver a conectarse con el mundo.

Después de reclamarlo durante largo tiempo, las asociaciones de familiares de enfermos mentales lograron que la Ley de Dependencia tuviese en cuenta a los pacientes psiquiátricos. Pero el baremo oficial por el que se puntúa la incapacidad está ideado para calificar el grado de minusvalía física y "no sabe medir la enfermedad mental", critica Xosé Ramón Girón, el presidente de Feafes Galicia (Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental). Así que las grandes ayudas a la dependencia están "vetadas" para estos pacientes.

"La enfermedad mental es muchísimo más dolorosa e incapacitante que la física", defiende Girón, "pero el examen que puntúa la discapacidad pregunta por cuestiones físicas como la de si el demandante puede coger el teléfono o moverse. Pues claro que puede cogerlo y andar, pero la cuestión será el uso que va a hacer de ese teléfono y adónde le van a llevar sus pies". En la comunidad, sólo han logrado alcanzar la puntuación mínima 32.624 personas, y por lo tanto éstas son las únicas que tiene en cuenta Vicepresidencia: 12.490 en Pontevedra, 12.281 en A Coruña, 4.071 en Ourense y 3.782 en Lugo. Bastantes más mujeres que hombres (18.748 frente a 13.876) porque en esta población que registra una altísima mortalidad (por el gran deterioro físico que conlleva siempre la enfermedad mental) ellas llegan a cumplir más años y la edad puntúa.

Según denuncia Feafes, no sólo ocurre que muchos no superan el baremo establecido, sino que en Galicia existen personas "que ni siquiera están diagnosticadas". Los enfermos mentales "no son conscientes de su enfermedad" y los que les rodean, o bien "desconocen los síntomas" o bien "esconden la dolencia por miedo a la estigmatización". Lugo es la provincia más abandonada en este aspecto y la que registra la mayor tasa de suicidios de España.

"Cuando termina saliendo en la prensa un caso truculento, de uno de una aldea que ha matado a sus padres es porque ha fracasado la cadena de detección y asistencia", reconoce María del Carmen Viz. Galicia, con Asturias, fue la primera por entonces región de España en emprender la larga reforma psiquiátrica. Aquí comenzó en el año 73, después de que el psiquiatra José Luis Montoya fuese nombrado director de Conxo. El vetusto manicomio, inaugurado en 1885 con dos sacerdotes como primeros internos, pasó en el 72 de manos del Arzobispado a manos de la Diputación de A Coruña. Y el organismo provincial le encargó al jefe de Sanidad en A Coruña, José María Hernández Cochón, empezar la reforma, con el objetivo utópico de cerrar los psiquiátricos. En Conxo había entonces 1.200 internos y ahora son 350, 250 residentes de larguísima estancia. Hay pacientes de 90 años y hay quien vive allí desde la postguerra, sin familia ni enlace alguno con el mundo exterior.

El Decreto de Saúde Mental que aprobó la Xunta del PP en 1993 nunca se desarrolló. Los primeros pasos en este sentido se dieron en 2006, cuando el bipartito sacó adelante el Plan Estratéxico de Saúde Mental, fijando unas metas que se deberían cumplir hasta 2011. "Ahora, en recursos, estamos de penúltimos, sólo por encima de Ceuta", dice Ferrer, "y en 2011, si se cumple el plan, que no va al ritmo que debiera, nos colocaremos en la mitad de la tabla". "Y nos aportará no los recursos que tendríamos que tener ahora, sino los que deberíamos haber tenido hace 15 años", comenta Girón. El plan del actual Gobierno, además, "abunda en el modelo que cristalizó con Fraga", lamenta Viz: "El sistema no descansa sobre la Xunta, sino sobre el tejido organizativo familiar. Y en realidad cuantas más asociaciones, mejor, porque son la única vía para atraer recursos de la Administración". Pero "es una solución supletoria, porque la Xunta evita la gestión. Y desgraciadamente, todos los partidos del arco parlamentario apoyan este modelo". A la Xunta "no le interesa gestionar porque este sector es residual, no hace ruido y no tiene influencia", sigue denunciando Viz. "Los enfermos mentales, incluso los que no están incapacitados para votar, no suelen preocuparse por ir a votar", añade Ferrer.

La más veterana de las trabajadoras sociales de Conxo dice que las familias son "la cara amarga" de la reforma psiquiátrica. Aquí, el 80% de los enfermos mentales crónicos viven con sus familias, mientras que la media Europea es del 37% y en Suecia está en el 21%. Las cuidadoras, en Galicia, son en su mayoría mujeres y muy mayores, dedican 24 horas al día a esta labor y el 36% necesitan también en algún momento tratamiento psiquiátrico al no soportar la carga. Los recursos para la asistencia de enfermos agudos están creciendo en el Sergas, pero según Ferrer existe un "déficit tremendo en rehabilitación" y en los llamados "dispositivos intermedios". Estos dispositivos son los pisos tutelados, las minirresidencias, los centros de día, aulas y talleres, y la Xunta no se ocupa de su gestión. Son las familias y la asociación de voluntarios Itínera los que hacen todo el esfuerzo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de febrero de 2009