Un plan contra la crisis

La economía española cerró el año 2008 con 3.207.900 parados, según la encuesta de población activa (EPA), equivalentes a una tasa de paro del 13,91%. La composición estadística de este pavoroso hundimiento del mercado laboral indica que el año pasado se destruyeron 620.000 puestos de trabajo y cayeron en el desempleo 1.280.000 personas; que hay 827.000 familias con todos sus miembros desempleados; y que el paro se ha cebado con especial crudeza en el sector servicios, que ya acumula a 1.145.000 personas sin trabajo, seguido por el mercado de la construcción, con 576.000 parados. Ésta es, a grandes rasgos, la tétrica fotografía del mercado laboral en España en 2008; pero empeorará, y mucho, durante 2009. No sería descabellado calcular que este año desaparecerán al menos otro millón de empleos, que la tasa de paro se aproximará al 18% y que la economía española caerá en una espiral recesiva que puede ser más profunda que ese 2% de contracción del PIB que auguró la Comisión Europea.

El hundimiento del mercado inmobiliario, la burbuja sobre la que los Gobiernos del PP edificaron un periodo de prosperidad que parecía inagotable, la caída del sector servicios arrastrado por la construcción y la crisis del mercado crediticio explican la fase recesiva. Con la foto fija del mercado laboral de 2008, las pésimas proyecciones de crecimiento y la persistencia de un mercado mundial de préstamos bloqueado por el pánico sugieren que la economía española se encuentra hoy más cerca de un periodo de depresión que de la recuperación anunciada con más voluntad que acierto por las autoridades económicas. Quizá el empleo mejore si bajan los salarios reales; o tal vez en lugar de contraerse el 2%, el PIB lo haga sólo el 1,6%. Pero la prudencia aconseja prepararse para el peor de los escenarios posibles y obrar en consecuencia.

Para ello hay que aceptar que las variadas y menudas políticas anticrisis elaboradas por el Gobierno han sido superadas por los acontecimientos. Sirva como ejemplo el plan de inversión en infraestructuras canalizado a través de los ayuntamientos, dotado con 8.000 millones de euros. El proyecto corre el riesgo de convertirse en un placebo por los retrasos en su aplicación y por la falta de coordinación entre el Gobierno y las autoridades municipales para orientar las inversiones. Pero, sobre todo, la magnitud de la recesión española obliga a preparar un plan de recuperación de la economía que vaya más allá de la creación coyuntural de empleo.

El plan de acción adecuado para afrontar una situación económica que empieza a angustiar a los ciudadanos implica aprobar un amplio paquete de inversiones, superior al que se ha diluido entre los municipios, para activar aquellos mercados que proporcionen riqueza, competitividad y empleo estable durante la próxima década. Cualquier nivel de endeudamiento, por oneroso que parezca, estará justificado si se destina a inversiones en los mercados de energía, nuevas tecnologías, educación y sanidad. La diferencia entre los planes económicos precisos elaborados por Barack Obama y las actuaciones del Gobierno español no hay que buscarla en la cuantía de las inversiones, sino en la exactitud con la que los economistas del nuevo presidente han identificado las fuentes de una riqueza duradera.

El Gobierno español actúa como si se resistiese a aceptar la realidad de una situación de crisis que el propio Solbes ha acabado por calificar de "insólita". Primero arrastró los pies negándose a aceptarla, después se equivocó aplicando parches inocuos -como el de los 400 euros- y ahora se empecina en asegurar que la recesión se disolverá en 2010. O rompe con esta inercia o el futuro económico del próximo lustro va a quedar muy comprometido.