Guipúzcoa atribuye al PNV toda la culpa política del escándalo de Irún

Las Juntas Generales de Guipúzcoa no tuvieron piedad con el PNV y le adjudicaron ayer toda la responsabilidad política del fraude cometido en la Hacienda de Irún, el mayor escándalo público conocido en esta provincia. Poco después de los varapalos recibidos en el Parlamento con los casos Guggenheim y Balenciaga, los peneuvistas suman otro lamparón a su gestión pública a menos de dos meses de celebrarse los comicios autonómicos. El PNV acaparó toda la culpabilidad por el fraude de Irún: siete altos cargos forales nombrados por este partido figuran como los responsables, en diferente grado, de los delitos que está investigando la justicia.

El pleno de la Cámara provincial aprobó sin modificaciones sustanciales el informe elaborado por la comisión que ha investigado esta trama y las derivaciones políticas de la misma. El texto final coloca al director de la Hacienda guipuzcoana entre 1992 y 2003, Víctor Bravo, en la cúspide de la responsabilidad política. Su actuación se considera clave para entender que el principal imputado en la causa, su hermano José María Bravo, supuestamente pusiera en marcha una maquinaria para defraudar 8,1 millones de euros al fisco y se apropiara de 1,7 millones de deudas de contribuyentes morosos.

Todos los partidos colocan a Víctor Bravo en el disparadero

Los socialistas y EA suavizan el castigo sobre el ex diputado Txabarri

El PNV no acepta "ninguna" responsabilidad contra sus cargos

Las Juntas también reprochan la actuación de los diputados del ramo Antton Marquet y Juan José Mujika, el director de Hacienda Iñaki Rica y los directores de Finanzas y Presupuestos Juan Romero y Asier Esnal. Y confiere una culpa de menor grado al ex diputado general Joxe Joan González de Txabarri.

El PNV se quedó sólo tratando de demostrar que la trama fraudulenta no tuvo nada que ver con su partido. El portavoz de este grupo, Asier Aranbarri, asumió con "autocrítica" una parte de los errores descubiertos y admitió que los hechos delictivos se dieron en una época en la que el PNV ostentaba el poder y el control absoluto de los dineros públicos. Sin embargo, y de forma sorprendente, Aranbarri dijo: "No aceptamos las responsabilidades políticas que se imputan en el informe" de la comisión de investigación.

De este modo, los peneuvistas sólo votaron a favor de los puntos del dictamen que no hablan de responsabilidades políticas. Este partido realizó una defensa a ultranza de la gestión realizada por todos los cargos forales citados en el informe. Hizo una excepción expresa con Víctor Bravo. Del ex senador jeltzale llegó a decir que "se extralimitó en sus funciones". El PNV no enmendó ninguna de las referencias recogidas en el informe que detallan las dudosas actuaciones de Víctor Bravo cuando se estaban cometiendo las irregularidades: impidió los controles, permitió los pagos de deudas en metálico y puso las condiciones para desde la oficina tributaria de Irún se malversaran fondos públicos cuando esta sucursal estaba dirigida por su hermano.

Todos los partidos de la Cámara coincidieron en poner el foco en Víctor Bravo, pero discreparon sobre la carga de responsabilidad del resto de cargos forales. El PSE defendió en su integridad el contenido del informe para poner el énfasis en que los servicios de recaudación y los controles internos en la Hacienda eran "lamentables" durante "demasiados años", dijo Iñaki Arriola. "Unos robaron, pero otros se olvidaron de cerrar las puertas o no se dieron cuenta de lo que estaba pasando en su casa", afirmó en alusión al PNV. Para los socialistas, las conclusiones de la comisión suponen una "reprobación política" en toda regla contra la labor política de los peneuvistas.

EA, socio del PNV en la Diputación, trató sin conseguirlo de eximir a Txabarri y su equipo de las culpas. Josean Rekondo sostuvo que al ex diputado general no se le puede situar a la misma altura que a Víctor Bravo por haber apoyado el archivo de la auditoría que localizó las anomalías en la Hacienda de Irún. No obstante, se felicitó porque el dictamen final contiene el 99% de las aportaciones realizadas por su grupo.

Las conclusiones aprobadas distinguen claramente entre la falta de diligencia que se dio en la etapa inicial, cuando se estaban produciendo las irregularidades, y la pasada legislatura, cuando el gobierno foral de Txabarri puso una denuncia ante la Fiscalía. De la primera fase, se censura la gestión de Bravo, Romero y Marquet por las carencias y omisiones que abrieron un agujero en el servicio foral de recaudación. Fallaron los controles internos y no se realizaron auditorías, lo que dejó la vía libre para que la Hacienda permaneciese de espaldas a la malversación de los dineros públicos. De la segunda etapa, el informe hace hincapié en la decisión de archivar de forma provisional en 2005 una auditoría que localizó las fechorías, decisión por la que se amonesta a Esnal, Rica, Mujika y Txabarri.