Conflicto en la justicia
LOS ASUNTOS PENDIENTES ALCANZAN EL RÉCORD DE 2,5 MILLONES
La amenaza de huelga lanzada por las cuatro asociaciones judiciales, por los jueces de Extremadura, Murcia, Zamora y por otros 255 que secundan esta medida de presión a título personal se produce en medio del mayor atasco judicial registrado en los últimos años.
Por 14 votos a siete, el Consejo General del Poder Judicial resolvió mantener una multa de 1.500 euros por falta grave para el juez Rafael Tirado por la desatención que permitió a Santiago del Valle, pederasta que supuestamente asesinó en Huelva a la niña Mari Luz, de cinco años, seguir en libertad pese a tener una condena firme de cárcel.
Forzado por todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, a comparecer en el Pleno del Congreso por los más de tres millones de parados, José Luis Rodríguez Zapatero logró ayer retrasar ese debate un mes.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía hallaron ayer en Zegama (Guipúzcoa) 15 kilos de explosivo titadyne y material para la fabricación de bombas en un zulo empleado en 2001 por un comando de la organización terrorista ETA que operaba en ese territorio.
El Tribunal Constitucional ha reconocido a un menor de edad marroquí el derecho a oponerse a su repatriación al tener "capacidad y madurez suficiente", pese a no haber alcanzado por unos meses la mayoría de edad.
Los conductores que hoy viajan por las autovías que entran y salen de Barcelona por el litoral sur, la C-31 y la C-32, tienen que estar atentos a los paneles luminosos para saber cuánto pueden apretar el acelerador. En esos 33,7 kilómetros de tramo viario ha entrado en vigor esta madrugada el límite de velocidad variable.
José Luis Rodríguez Zapatero cerró ayer la ronda de entrevistas para abordar la financiación autonómica con los presidentes de Ceuta, Juan José Vivas, y de Melilla, Juan José Imbroda, en un encuentro en La Moncloa. El presidente del Gobierno les garantizó que ambas ciudades autónomas participarán en el fondo de suficiencia del nuevo modelo de financiación.
El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, estaban "al frente" de una "trama" que supuestamente recibió 642.445 euros en sobornos de una veintena de promotores.