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La red del alcalde de Alhaurín recibió más de 642.000 euros en sobornos

El fiscal acusa de prevaricación, cohecho y blanqueo a Martín Serón, del PP

El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, estaban "al frente" de una "trama" que supuestamente recibió 642.445 euros en sobornos de una veintena de promotores. A cambio del dinero, los responsables políticos permitían a los empresarios construir más viviendas de las que autorizaba el plan urbanístico municipal. Así lo establece el fiscal Juan Carlos López Caballero, quien considera acabada la investigación del llamado caso Troya, y pide al juzgado que convierta la causa en un procedimiento abreviado, paso procesal previo a la apertura de juicio oral. El PP, que mantiene en el cargo al regidor pese a estar imputado, salió ayer, una vez más, en su defensa.

El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga imputa a Martín Serón los delitos de cohecho para acto delictivo, penado con dos a seis años de prisión; prevaricación urbanística (de seis meses a dos años) y blanqueo de capitales (de seis meses a seis años). El edil de Urbanismo, que, según el fiscal, "controlaba, contabilizándolos adecuadamente, los pagos efectuados y los que se debían efectuar", está imputado de prevaricación y cohecho.

Según el escrito de López Caballero, los pagos de los promotores están "acreditados indiciariamente" por las anotaciones manuscritas y por los archivos informáticos intervenidos en los registros de los domicilios de los imputados y de las dependencias municipales. El fiscal recuerda que en una vivienda de Martín Serón se hallaron 64.780 euros en efectivo y otros 7.000 en su despacho de alcalde.

La esposa del regidor, María Teresa Santos, asesora fiscal de profesión, también ha resultado salpicada en la trama: está imputada de blanqueo por "efectuar actos dirigidos a ocultar las ilícitas ganancias obtenidas" por su marido. El fiscal habla de "numerosos ingresos en efectivo" en las cuentas bancarias del matrimonio por 50.000 euros "sin que se conozca el origen del dinero". También señala que en las cuentas de la esposa se ingresaron 30.000 euros "en sólo seis operaciones".

Las licencias ilegales otorgadas presuntamente por Martín Serón y Gregorio Guerra han permitido la construcción de 182 viviendas que no estaban contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad, de 23.800 habitantes. Para otorgar los permisos irregulares, la trama contaba con la colaboración de Juan Burgos Gómez, asesor jurídico municipal. Este funcionario daba "siempre" el visto bueno a las licencias "pese a conocer que los proyectos de obras resultaban incompatibles con el planeamiento municipal y venían con informe negativo del arquitecto municipal". Otro asesor jurídico, Ildefonso Domínguez, informó favorablemente de una licencia irregular.

Al menos en tres ocasiones, Burgos Gómez asegura en su informe jurídico que el arquitecto municipal está de acuerdo con la concesión de la licencia ilegal, lo que es "radicalmente falso", según el fiscal. El arquitecto municipal, Miguel Ángel Gutiérrez Montalvo, que al principio de la instrucción fue imputado, quedó provisionalmente eximido del caso a finales de octubre de 2008 por la juez instructora, Lidia Bermúdez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coín. Desde que se destapó en enero de 2007, el caso Troya ha pasado por las manos de cuatro jueces.

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Martín Serón reaccionó ayer al escrito del fiscal con la virulencia habitual: "¿Hasta dónde quieren llegar los socialistas?, ¿al estado policial? No es un movimiento del juzgado sino un movimiento político a raíz de la toma de posesión del nuevo fiscal jefe". El regidor se refería a Antonio Morales, fiscal de corte progresista que accedió a la jefatura de la Fiscalía malagueña el pasado martes. Martín Serón anunció que continuará en su puesto "se pongan como se pongan, mientras no haya sentencia judicial". En las elecciones de junio de 2007 -celebradas seis meses después de su detención en Marbella tras un mitin de Mariano Rajoy- renovó la mayoría absoluta.

El Partido Popular salió inmediatamente a defender al alcalde alhaurino. La dirección del PP malagueño considera que Martín Serón puede seguir en su cargo ya que confía "plenamente" en su inocencia. El secretario provincial popular, Francisco Salado, afirmó que la de ayer "es una opinión más del fiscal".

El alcalde de Alhaurín, Juan Martín Serón, a la salida del juzgado el 19 de enero del año pasado.
El alcalde de Alhaurín, Juan Martín Serón, a la salida del juzgado el 19 de enero del año pasado.JULIÁN ROJAS

80 euros por metro de corrupción

El fiscal Juan Carlos López Caballero describe un sistema de tarifas que supuestamente cobraba la trama dirigida por el alcalde de Alhaurín el Grande a cambio de resoluciones urbanísticas ilegales. "Estaba tasado el precio a pagar por el incremento en los metros cuadrados de edificabilidad y del número de viviendas respecto de lo legalmente establecido. El metro cuadrado de techo edificable de más se cifraba en 80 euros, mientras que a la vivienda proyectada en exceso se aplicaba la suma de 6.000 euros".

En su escrito, el fiscal recoge el supuesto intento de extorsión al promotor José Burgos Leiva. Una grabación autorizada por el juez muestra cómo el edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, le reclamaba al constructor 122.000 euros como contrapartida a una licencia para levantar 14 viviendas y locales que le concedió el ayuntamiento y que infringía la normativa urbanística municipal.

Según Burgos Leiva, el edil le exigía esa cantidad "en billetes" y se negaba a dar ningún justificante del pago. "Cuando le pregunté para qué quería el dinero, el concejal de Urbanismo me respondió: 'Eso a ti no te importa", aseguró Burgos Leiva a este periódico en mayo de 2007.

El capital de origen ilegal se blanqueaba supuestamente a través de la empresa Conextran, propiedad de Manuel Márquez, suplente en las listas del PP a las elecciones municipales de 2003. Conextran "mantenía una relación mercantil muy fluida" con el consistorio desde 2001, cuando Martín Serón llegó al poder.

Operación Troya

- Imputados. El fiscal imputa a 25 personas en la Operación Troya, 20 de los cuales son empresarios de Alhaurín el Grande.

- El pago más cuantioso, de 168.545 euros, lo efectuó supuestamente el promotor Gumersindo Martín, que consiguió levantar 47 viviendas en una parcela que sólo admitía 22, según el Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

- El empresario Jorge Sánchez pactó pagar 120.000 euros a los responsables políticos a cambio de aumentar en 36 viviendas la edificabilidad de una parcela. Ambos expedientes contaban con informes en contra del arquitecto municipal.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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