España promueve una Carta de la ONU para velar por la privacidad

Expertos internacionales en protección de datos elaboran los criterios básicos

Vivimos al descubierto. Perfiles extraordinariamente elaborados con nuestros datos personales, que incluyen detalles íntimos que ocultamos a nuestros mejores amigos, figuran en innumerables ficheros de todo el mundo. Para intentar detener esta espiral, en el mundo de Internet y la videovigilancia, la Agencia de Protección de Datos de España se ha propuesto elaborar antes de fin de año una Carta universal de la ONU que garantice un nivel mínimo de privacidad.

El sector privado, por un lado, acumula sin cesar todo elemento que pueda desvelarle nuestros gustos o necesidades. El Estado, por otro, almacena desde los quebrantos de nuestra salud, nuestros datos financieros y fiscales, hasta innumerables detalles de nuestra existencia cotidiana, que observa desde cámaras de videovigilancia. Cuando uno y otro cruzan sus ficheros, el ciudadano queda completamente indefenso.

"Internet nunca olvida. Piénsalo bien antes de colgar tus cosas en la Red"

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Desde hace ya tres décadas, las agencias de protección intentan defendernos de este expolio. La llegada de Internet se lo ha puesto aún más difícil; básicamente, porque somos nosotros mismos quienes, con toda ingenuidad, nos desnudamos ante el gran ojo. El primer objetivo, dicen los expertos, es que los consumidores tomen conciencia de que no deben entregar más datos que los estrictamente necesarios para cada operación.

"Internet no olvida", explica Esther Mitjans, directora de la Agencia Catalana de Protección de Datos. "Siempre se lo digo a los jóvenes", añade: "Piénsalo bien antes de contar determinadas cosas o colgar tu foto en Internet; piensa que no dejarías en la calle tu diario personal o las llaves de tu casa".

Mitjans presidió ayer en Barcelona la reunión preliminar para establecer las bases de trabajo y fijar los estándares internacionales que deben conformar esta Carta universal de la ONU. El objetivo es que sea aprobada en la 31ª Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad, que tendrá lugar en Madrid el próximo mes de noviembre.

A la reunión, celebrada en el Parlament de Cataluña, asistieron representantes de una treintena de países, entre los que figuraban Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Reino Unido e Italia, así como expertos legales y estudiosos académicos, además de representantes de las grandes empresas de la Red como Google, Microsoft u Oracle.

"La protección de datos nunca puede ser absoluta", señala Mitjans; "hay que poder valorar cada situación y aplicar criterios concretos". Actualmente, en el sector privado, la regla es la del simple consentimiento del consumidor. Las empresas dicen someterse a una política de privacidad, señala, "pero en realidad se mueven en la ambigüedad y no asumen ninguna responsabilidad". Sin embargo, reconoce que el exceso de reglamentación tendría efectos nocivos sobre el comercio.

Actualmente, la legislación sobre protección de datos varía extraordinariamente en cada país, al margen de los que ni siquiera la regulan. Con esta carta se conseguiría crear un instrumento vinculante que otorgue protección legal a los ciudadanos.

En el sector público, además de los datos que el poder siempre ha almacenado sobre sus ciudadanos, una actividad potenciada en este momento por las nuevas tecnologías, se añade ahora la vigilancia directa. Los Estados, por otro lado, no están dispuestos a ceder ni un centímetro del espacio que han ganado desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. El miedo y la amenaza terrorista supusieron que los ciudadanos bajaran la guardia sobre sus derechos y aceptaran casi sin trabas la presencia del ojo del Estado.

Los ciudadanos deben recuperar parte de este espacio, señala Mitjans. El principio es sencillo: "Se trata de que la persona adecuada tenga acceso a la información adecuada para utilizarla con un objetivo preciso", explica Mitjans. "El principio de finalidad es esencial, y el objetivo para el que se accede a la información no puede ser cambiado", añade.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 12 de enero de 2009.

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