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Reportaje:

Pacto contra la crisis en el campus

El Gobierno busca un acuerdo con las comunidades para poner en marcha el plan Bolonia - Se prevé financiación extra para las universidades más eficaces

Las quejas no han sido en vano. O al menos, eso parece. El Ejecutivo promoverá un acuerdo con las comunidades para la reorganización de las titulaciones que más sufren la pérdida de alumnos, como humanidades y ciencias sociales, así como para premiar a las universidades más eficaces con financiación adicional por objetivos. En el terreno económico, el Gobierno aumentará el presupuesto para becas del 1,9% previsto al 4% y Ciencia e Innovación (ministerio del que dependen las universidades) ha solicitado ya una partida adicional al Ministerio de Economía dentro de las medidas de Zapatero para afrontar la crisis.

2008 se ha cerrado en mitad de una crisis, no sólo económica, que ha hecho temblar la aplicación consensuada en España del modelo de Bolonia, la declaración que firmaron 46 países para tener en 2010 un espacio universitario común. Los encierros de estudiantes en las facultades, las críticas (incluso de los rectores) a la falta de financiación para la reforma, los temores por el incierto futuro de la universidad pública y la ausencia de liderazgo del Ministerio de Ciencia e Innovación para afrontar tan compleja situación son los cuatro factores que han inducido al Gobierno a adoptar medidas de choque.

Los estudiantes, que se han encerrado en diversas universidades los últimos meses, y los profesores que les apoyan, piden que no se mercantilice la universidad (esto es, que no se investigue a dictado y necesidades del mercado), el aumento de las becas tradicionales (rechazan los préstamos-renta para los másteres, que se devuelven cuando el egresado consigue un trabajo) y la paralización del cambio de las carreras. Con matices, la preocupación general por el futuro de la universidad pública y por la falta de financiación para aplicar Bolonia también la comparten los representantes de alumnos en las universidades y en las juntas de facultad, agrupados en la coordinadora CREUP.

Éstas son las medidas que asegura el Ejecutivo que adoptará este año y la situación actual:

- Encierros. Grupos de estudiantes siguen manteniendo encierros en varias universidades, pero la mayoría (como en Barcelona o Madrid) se han concentrado en un solo lugar durante la Navidad. La protesta se ha debilitado, con las vacaciones y los exámenes de febrero por llegar. El Gobierno planteará la creación de un foro de discusión permanente con los estudiantes. Tres cuestiones no son ya negociables: la moratoria que piden los alumnos para la aplicación de Bolonia (en la Universidad Carlos III, por ejemplo, ya se ha completado); la petición de una consulta-referéndum vinculante a toda la comunidad universitaria. En Cataluña se acepta pero su resultado no puede ser vinculante; y no entrará en el debate la duración de las carreras de Grado, que serán de cuatro años. Alumnos y algunos profesores quieren que sean de tres años y el máster, de dos, como en la mayor parte de la UE. Pero esa reforma ya está en marcha, y aprobada por real decreto.

- Becas. España destina a becas el 0,08% del PIB (según los últimos datos, de 2006) mientras que la media europea está en el 0,25%. La política general de becas depende del Ministerio de Ciencia e Innovación. Los nuevos másteres son caros, como lo son ahora los no oficiales. Cuestan de media tres veces más que un curso de Grado. "Queremos garantizar el acceso general a la educación superior, sea cual sea el nivel socioeconómico del alumno, y romper el miedo a la escasez de becas", afirma el secretario de Estado de Universidades, Màrius Rubiralta. "Con la ampliación al 4% del presupuesto para becas tradicionales de 2009, respecto al año anterior (estaba previsto aumentarlo un 1,9%), alcanzaremos en cuatro años el nivel medio de la UE". Y se va a incrementar, según anuncia Rubiralta, la partida de becas para máster destinada a los estudiantes con menos recursos y muy especialmente para los cursos que son necesarios para ejercer una profesión, como el máster de profesor de secundaria (conocido ya como el máster pedagógico) o, por ejemplo, el que da acceso a la abogacía.

- Humanidades. La supervivencia de las carreras con pocos alumnos (como las filologías) o, en general, los estudios muy teóricos, que no tienen que ver con profesiones concretas (historia, ciencias políticas...) es otro de los nudos gordianos del conflicto. "No se va a producir una mercantilización de la universidad pública en absoluto por lo que los ámbitos de letras no tienen que desaparecer. Hay que buscar soluciones para que el sistema sea más eficiente, por eso queremos aproximarnos a las comunidades autónomas y promover un pacto para ver cómo ponemos en marcha acuerdos entre universidades y a la vez que esa eficacia sea premiada económicamente por objetivos", explica Rubiralta. El Gobierno parece haber enmendado algunos planteamientos, tal y como se desprende del nuevo discurso del ministerio: "Queremos dar más relevancia a la investigación en humanidades y ciencias sociales, en todas las áreas que no están tan ligadas a la transferencia de conocimientos de la universidad a la empresa. Es verdad que hasta ahora hemos dado mucha importancia a la investigación tecnológica y ese discurso nos ha desenfocado un poco", admite el político. "Aunque tampoco es defendible una universidad sin relación con la empresa, aceptamos el diálogo con todos los sectores para buscar un equilibrio".

- Burocracia. El ministerio reducirá la "complejidad y burocracia" actuales, básicamente, para dar el visto bueno a los nuevos títulos -a través de la Agencia Nacional de Evaluación (Aneca)- y para acreditar al profesorado que quiera optar a una plaza de funcionario.

- Reformas pendientes. La aprobación de una carrera profesional con más tramos (el primer borrador plantea tres niveles salariales para catedráticos y otros tres para titulares, a los que se accedería por méritos), mediante el Estatuto del personal Docente e Investigador (PDI), que están discutiendo Gobierno y sectores, y la creación del estatuto del estudiante, con un órgano de representación estudiantil, son otras dos medidas para este año.

Recuperar el discurso

La financiación de la educación depende de las comunidades y algunas, como la de Madrid, la están recortando a sus universidades públicas, aunque la mayoría simplemente la han congelado. No es el mejor escenario para aplicar una reforma de las carreras como la planteada en España para implantar Bolonia. Ésta supone transformar todos los títulos en Grados de cuatro años (ahora hay de tres, cuatro o cinco años) y crear másteres oficiales de uno o dos años (que no existían).

El secretario de Estado de Universidades, Màrius Rubiralta, niega la mayor. "No es verdad que se vayan a implantar las carreras a coste cero. Se han destinado 40 millones de euros a acciones ligadas al Espacio Europeo de Educación Superior en 2008 y 2009, como el cambio de los titulares de escuela universitaria o la innovación docente". "El coste del proceso no se produce sólo en un año", añade. "Hemos solicitado un aumento presupuestario al Ministerio de Economía. De los 490 millones que le tocaron al Ministerio de Ciencia e Innovación para afrontar la crisis con obra pública, unos 200 eran para las universidades. Además, para crear campus de excelencia se han dado 150 millones en 2008 y se van a entregar otros 219 este año para que las universidades puedan adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior".

Las críticas a la ministra Cristina Garmendia de no "liderar el proceso" y de "distanciarse" de la crisis ha causado un vuelco: "Queremos recuperar el discurso y hacer entender que defendemos y apostamos por la universidad pública".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de enero de 2009

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