El Gobierno recorta la burocracia para ahorrar hasta 15.000 millones al año

Todos los decretos que aprueben los ministerios deberán adjuntar un informe de "impacto normativo" que garantice que no generarán nuevas cargas administrativas o trámites burocráticos. La orden, que será aprobada este mismo mes por el Consejo de Ministros, se encuadra en el compromiso del Gobierno de reducir un 30% de la burocracia de la Administración durante esta legislatura, lo cual supondría al Estado un ahorro equivalente al 1% o el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB), según estimaciones de la Unión Europea. En euros, entre 10.000 y 15.000 millones.

La exigencia del nuevo informe se sumará a la de otros ya aprobados esta legislatura, sobre impacto autonómico y de género de las medidas que adoptan los departamentos ministeriales. En total, el plan de reducción de cargas burocráticas ha supuesto ya la adopción de 80 medidas desde el pasado verano. A ellas se sumarán otras 50, que serán aprobadas en febrero.

Las nuevas medidas buscan mejorar la competitividad de las empresas

Las autonomías y el gran número de pequeñas sociedades complican el reto

El compromiso que asumió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su investidura para reducir las cargas administrativas durante esta legislatura supera en un 5% a la exigencia de la Unión Europea a todas las administraciones de su ámbito.

La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, encargada de sacar adelante este reto, encuadra estas medidas en una "concepción moderna de la reforma de la Administración, que aprovecha las posibilidades que ofrece la sociedad de la información para reducir las cargas burocráticas". Según explica, "los beneficiarios son los ciudadanos, que verán simplificados sus trámites individuales, las gestiones de las empresas y de los profesionales. De este modo contribuimos al aumento de la productividad general".

Salgado no es nueva en estos quehaceres, pues participó en la reforma de la Administración que promovió el primer Gobierno de Felipe González, a comienzo de los años ochenta. Sin embargo, considera que el proyecto actual es claramente distinto: "En aquella ocasión se puso el énfasis en la seguridad jurídica de la reforma. Ahora, el énfasis está en que la Administración contribuya al aumento de la competitividad y de la productividad de las empresas".

El traslado de la estrategia europea de simplificación administrativa resulta singularmente relevante para España, según Salgado, porque la distribución de competencias entre las comunidades autónomas genera en ocasiones duplicidades normativas innecesarias. En el terreno empresarial, la simplificación administrativa tendrá aún más impacto porque priman las firmas de tamaño reducido.

El plan gubernamental define seis áreas prioritarias de actuación: el derecho de sociedades, la legislación fiscal, las estadísticas, la contratación pública, el medio ambiente y las relaciones laborales. Se centra en aquellos procedimientos que faciliten los trámites burocráticos de los ciudadanos, los de creación de empresas, los de liberación de recursos para el crecimiento de éstas, los de abaratamiento de costes y los de fomento de la inversión productiva.

La Administración General del Estado medirá el ahorro de la reforma por medio de un modelo de costes estándar. Aunque el plan ha sido diseñado sólo para ella, ha establecido mecanismos de colaboración con todas las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias, a fin de impulsar estas medidas de simplificación administrativa en sus ámbitos de competencia. El Ministerio de Administraciones Públicas tiene orden de coordinarse con los subsecretarios de los ministerios afectados para realizar el seguimiento del plan. También deberá informar periódicamente del desarrollo de éste al Consejo de Ministros, a través de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

La avanzadilla de la reforma han sido 80 medidas de simplificación burocrática, aprobadas en los Consejos de Ministros del 27 de junio y 14 de agosto pasados. Entre ellas figuran la implementación de medios telemáticos, en sustitución del tradicional papel, con la interconexión electrónica de los sistemas de información de las administraciones públicas; la ventanilla única apuntada en el proyecto de transposición de directiva de servicios y la reducción de plazos en la tramitación de expedientes. Esas medidas afectaron a procedimientos de los ministerios de Economía y Hacienda, Interior, Trabajo e Inmigración, Industria, Turismo, Comercio y Administraciones Públicas, Sanidad y Consumo y Ciencia e Innovación.

La mayoría de las nuevas medidas entrarán en vigor en los próximos días. Así sucede, por ejemplo, con la aceleración de las devoluciones del IVA para empresas y autónomos que opten por recibirlas mensualmente en lugar de esperar a la devolución anual que rige actualmente para la mayoría de las empresas. O con las bajas de vehículos para desguaces, que ya pueden ser gestionadas de forma electrónica a través de los centros autorizados.