Zapatero suma apoyos a su plan tras la primera ronda con los presidentes

Al filo de terminar el año y cruzar el plazo que se había comprometido a cumplir con Cataluña, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha escenificado esta semana el alumbramiento del nuevo sistema de financiación autonómica. De su propuesta, al menos. Lo ha hecho con una ronda de entrevistas con los presidentes de las comunidades autónomas, que se interrumpe por las fiestas -continuará en enero- y que empezó con sendas reuniones con el catalán José Montilla y el andaluz Manuel Chaves, ambos socialistas, el sábado en La Moncloa.

A ellos les siguieron, de corrido, el lunes la madrileña Esperanza Aguirre (PP); el martes el gallego Emilio Pérez Touriño (PSOE); el extremeño Guillermo Fernández Vara (PSOE) y el asturiano Vicente Álvarez Areces (PSOE), y el miércoles el valenciano Francisco Camps (PP).

Éste es un resumen de lo reclamado por los seis primeros y lo que Zapatero les ha ofrecido.

- Cataluña. El Gobierno catalán salió moderadamente satisfecho del encuentro con Zapatero. Satisfecho porque vio avances: el Gobierno acepta hablar de nivelación parcial -acotar la solidaridad a sanidad, educación y servicios sociales básicos-, como recoge el Estatut. Pero la Generalitat no está de acuerdo en cómo se cierra el modelo: los recursos que quedarían por repartir tras esa nivelación parcial. El consejero catalán de Economía, Antoni Castells, subrayó el miércoles que el acuerdo está aún "muy lejos".

El Ejecutivo, según apuntaron fuentes de La Moncloa, apuesta por compensar el resto con el fondo de suficiencia en función de las necesidades de cada comunidad, como ahora. El resultado reduciría diferencias en recursos por habitante, pero no hasta el punto de que las regiones más dinámicas se pusieran por delante, como pide Cataluña.

- Andalucía. Tras

la reunión en La Moncloa, el respaldo andaluz a la propuesta del Ejecutivo apenas tiene fisuras: Chaves constató que el planteamiento de Zapatero no sobrepasa los límites fijados por Andalucía. La Junta andaluza aceptaba la necesidad de equilibrar la distribución del dinero, de modo que se recortaran las diferencias en recursos per cápita (ahora favorable a las comunidades menos pobladas). Pero siempre que eso no diera la vuelta al sistema (más dinero por habitante a las regiones más ricas), como pedía Cataluña. La filosofía del Gobierno es que la financiación sea similar en buena parte del sistema.

La Junta quería añadir al ámbito de gasto que tendrá garantizada la igualdad -sanidad, educación y servicios sociales-, el de Justicia, pero asume que, al no estar transferida a todas las comunidades, es difícil. Andalucía es la región más poblada, por lo que apoya que la población sea la principal variable en el reparto del dinero. Chaves ha recibido garantías de que la población en edad escolar será determinante en educación. Y que el coste de la Ley de Dependencia se tendrá en cuenta.

- Madrid. Esperanza

Aguirre salió encantada de la reunión con Zapatero porque éste, según dijo, le garantizó que el dinero se repartirá -entre otras cosas- en función de la población de cada comunidad. "Se reconoce a los 1,2 millones de madrileños que ahora no están considerados", afirmó Aguirre refiriéndose al crecimiento demográfico de Madrid desde 2002, cuando se cerró el anterior modelo. "A Madrid le viene muy bien el criterio de población", insistió.

- Galicia. Si para Andalucía es importante que se reconozca, dentro del criterio genérico de población, su mayor peso en población escolar,

la particularidad que pone Galicia sobre la mesa es otra: el gasto extra que supone el envejecimiento y la dispersión de la población. Touriño asegura que Zapatero le garantizó que tendrá en cuenta esa necesidad específica, así como la de reconocer el gasto que genera tener una lengua propia.

- Extremadura y Asturias.

El extremeño Guillermo Fernández Vara y el asturiano Álvarez Areces coincidieron en sus principales reivindicaciones: comparten con Galicia el énfasis en el envejecimiento de la población, pero lo precisan: piden dos tramos distintos en la atención -uno hasta los 65 años y otro a partir de los 75-. Reclaman, además, más gasto para transporte escolar y ambulancias en unos territorios en los que la dispersión de núcleos de población supone un gasto mayor en desplazamientos.

Información de Serafí del Arco, Alejandro Bolaños y Anabel Díez.