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Reportaje:NACIONAL2008

Rojo y negro. España hace cuentas

Un año que terminó en números rojos. La justicia falló demasiado, la crisis hizo estragos y el paro se disparó. La economía maniató a la política, tanto que Zapatero y Rajoy aparecieron a menudo desbordados. ETA golpeó, pero también fue duramente golpeada.

España ha cerrado en números rojos su cuenta de resultados de 2008.

La crisis económica, que el Gobierno no supo o no quiso ver a tiempo, ha extendido una gigantesca sombra de pesimismo por todo el país, ha empujado a casi un millón de personas al paro y amenaza con vestirse de conflicto social entre tantas suspensiones de pagos y tantos expedientes de regulación de empleo.

Sobran inmigrantes. Los dos grandes partidos impulsaron reformas legales muy restrictivas para acortar derechos y se adelantó dinero a los parados extranjeros para que abandonaran el país. España (44,1 millones de habitantes, de los que 4,7 millones son extranjeros) recibe ahora peor a los que vienen de fuera. Los inmigrantes que lleguen en patera estarán más tiempo encerrados en los centros de retención para facilitar su expulsión; los que ya tienen papeles tendrán más dificultades para regularizar a sus familiares.

La Administración de justicia vive en los últimos tiempos con una amenaza de huelga colgada de su fachada, anda fracturada y cabreada, padece un atasco considerable y falla demasiado.

El terrorismo continúa vivo y asesina cuando puede y como puede. En 2008 cayeron los dos jefes de ETA, Thierry y Txeroki, y el que sustituyó a este último, Aitzol Iriondo. Pero los éxitos policiales no pudieron evitar nuevas muertes. Los políticos que justifican a los terroristas que matan siguen sentados en muchas instituciones públicas del País Vasco y de Navarra. Acción Nacionalista Vasca (ANV) gobierna en 42 ayuntamientos gracias a que pudo presentarse a las elecciones municipales, dado que el Gobierno y la Fiscalía sólo impugnaron la mitad de sus listas. Con el asesinato en diciembre del empresario Ignacio Uria a manos de ETA en Azpeitia (Guipúzcoa), el Ejecutivo socialista descubrió el problema y anunció soluciones legales para expulsar a los concejales de gobiernos municipales que nunca condenan el terror. Los expertos, incluso socialistas, son escépticos.

Las tensiones entre los Gobiernos nacionalistas y la Administración central permanecen intactas. Los enfrentamientos entre comunidades se repiten con más frecuencia de la debida a cuenta de discriminaciones y privilegios. Las reformas estatutarias aprobadas (Aragón, Baleares, Castilla y León, Valencia, Andalucía y Cataluña) no han logrado colmar las aspiraciones de poder de algunos Gobiernos autónomos. El Tribunal Constitucional, enfrascado en la primera deliberación de su historia sobre un estatuto autonómico, el catalán, respaldado previamente en referéndum por los ciudadanos, nunca estuvo sometido a tanta presión política.

La corrupción sigue activa. En Baleares, la alfombra del Gobierno del PP, que perdió el poder en 2007, escondía demasiada basura y numerosos ex dirigentes autonómicos acabaron procesados o en prisión. En Castellón, Carlos Fabra (PP), el político con galones que más ha engañado al fisco, según la Agencia Tributaria, sigue en activo aplicando su poder absoluto en la Diputación Provincial de Castellón, que preside pese a tener una grave causa judicial pendiente. En Estepona (Má­laga), las prácticas corruptas de los socialistas destapan cada día nuevas sorpresas.

Casi todos los años hay alguna tragedia que destacar. La de 2008 fue la peor en décadas: 164 personas perdieron la vida en sólo unos segundos. Viajaban a bordo de un avión de la compañía Spanair que se estrelló el 20 de agosto nada más despegar de Barajas rumbo a Canarias.

En el haber de un año negro en números rojos hay algunas victorias: las muertes en carretera bajaron a límites esperanzadores (al cerrar el año se registraron algo más de 2.000 fallecimientos en accidente, casi la mitad que los contabilizados en 2004); los dos grandes partidos sellaron una paz aparente para luchar juntos contra el terrorismo, y cientos de miles de familias -todavía no todas las que lo pidieron- recibieron ayudas públicas para atender a sus ancianos o familiares necesitados gracias a la Ley de Dependencia, un nuevo pilar del Estado de bienestar al que le faltan miles de millones de euros para tener la firmeza deseada.

Un año salpicado de sombras que arrancó en campaña electoral y se cerró con los partidos enzarzados de nuevo a cuenta de la mejor estrategia para combatir a ETA y su entorno. Éstos son sus principales hitos:

- Ganó el PSOE (la sexta vez en las nueve elecciones generales celebradas en democracia). Y triunfó José Luis Rodríguez Zapatero (dos victorias de dos intentos) con recetas más conservadoras. Le votaron más que nunca (11,3 millones de sufragios) y el PSOE creció en escaños (hasta 169, a siete de la mayoría absoluta). Pero la situación se le complicó a las primeras de cambio y cada votación del Congreso se convirtió en un suplicio. Zapatero se quedó sin aliados antes incluso de la sesión de su investidura.

El presidente volvió a escribir una línea en la historia de España, o al menos lo intentó, con su nuevo Gabinete. En 2004 llevó a La Moncloa el primer Gobierno paritario de la historia (ocho ministros y ocho ministras). En 2008 puso por primera vez a una mujer al frente del Ministerio de Defensa (Carme Chacón) y sentó en el Consejo de Ministros a más mujeres que hombres (nueve a ocho). También resultó histórico que, sólo unos meses después de nombrado el nuevo Gobierno, la sensación de desgaste era tan notoria que significados dirigentes socialistas defendieron en privado la necesidad de cambios profundos.

Zapatero arrancó la legislatura con un programa de Gobierno que olvidaba algunos compromisos anteriores como la reforma de la Ley del Aborto, la regulación de la eutanasia o las medidas para avanzar en la laicidad del Estado. Sólo tres meses después de ganadas las elecciones, el PSOE aprovechó su congreso para recuperar la parte progresista que habían borrado del programa electoral y prometer la reforma de la Ley del Aborto.

- El líder del PP pidió prórroga a su partido tras dos fracasos electorales consecutivos en 2004 y 2008. Mariano Rajoy logró la tercera oportunidad para opositar en 2012 a presidente del Gobierno. Se la concedió el 84% de los delegados que acudieron al congreso extraordinario de Valencia. Ganó por goleada al fantasma de la rebelión, que en las semanas previas al congreso amenazó con un asalto al poder que nunca intentó. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, no pasó de las palabras a los hechos. El resto de candidatos tuvo algunos minutos de gloria, pero ninguna oportunidad real de plantar cara al líder. Ni los reproches públicos de José María Aznar a la persona que él mismo eligió para sucederle sirvieron para consolidar una alternativa.

El tercer mandato como presidente del PP que Rajoy inauguró en junio de 2008 ha sufrido algunos descosidos de autoridad. Rajoy se desangra lentamente ante las pedradas que le dirigen de vez en cuando algunos veteranos con cierto poder y algunos jóvenes que se hicieron veteranos a la sombra de Rajoy y a los que dejó sin poder tras la decepción de las últimas elecciones.

- El vuelo 5022 de Spanair, un McDonnell Douglas MD-82, abortó su despegue por el sobrecalentamiento de una sonda que medía la temperatura en el exterior. El piloto pensó que algo no iba del todo bien y optó por regresar a su base. Los mecánicos revisaron la avería, leyeron en su protocolo de actuación que el problema era menor y no impedía el vuelo, y autorizaron la vuelta a la pista tras desactivar la sonda. El avión apenas se levantó 12 metros del suelo para estrellarse a continuación junto a un arroyo próximo. Murieron 154 personas y otras 18 sobrevivieron en la peor tragedia aérea de Barajas en 25 años. La investigación de urgencia detalló la posible causa del percance: el MD 82 despegó sin tener desplegados los flaps -dispositivos de sustentación de los aviones acoplados a las alas-, una deficiencia mayor.

- El juez Baltasar Garzón se atrevió, 30 años después del armisticio que trajo a España la paz y la democracia, a ponerle un nombre a 40 años de historia negra: "Crimen de Lesa Humanidad". Eso es lo que perpetró el régimen del dictador Franco, según Garzón, pero no se pueden juzgar sus conductas porque los principales culpables murieron. Lo escribió el juez en un papel con timbre de la Administración de justicia en el encabezamiento y concluyó: "Iniciar la investigación de un delito que se sigue cometiendo al día de hoy y que nunca ha sido, hasta ahora, denunciado en sede judicial, no es más que cumplimiento estricto de la ley por encima del éxito o fracaso de la iniciativa y una forma de rehabilitación institucional ante el silencio desplegado hasta la fecha, que no sólo ha otorgado de facto la extinción de la responsabilidad penal, sino la impunidad".

En medio de la instrucción -tardó algo más de un mes tras acumular durante dos años denuncias de distintas asociaciones- diluviaron las descalificaciones sobre Garzón, que se enzarzó en un enfrentamiento con el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, a cuenta de la causa. Terciaron los magistrados que juzgan las causas penales en la Audiencia Nacional, quienes concluyeron que Garzón se había extralimitado en sus funciones, pues no tenía competencias para instruir el caso. La memoria sobre los crímenes de la dictadura volvió al cajón. Los jueces de las provincias donde la dictadura cometió sus crímenes tienen ahora la llave para recuperar la memoria.

- El deterioro económico ha puesto a los inmigrantes en un brete. Los tiempos de la regularización masiva (hasta 700.000 extranjeros lograron permiso de residencia y trabajo a mitad de la pasada legislatura) quedan muy lejos. Ahora no hay trabajo para todos, y el Gobierno, con el aliento del PP, quiere eliminar vías de regularización y endurecer la ley para facilitar la expulsión de los que entran irregularmente en España. La lucha contra la inmigración irregular, con una intensa ofensiva diplomática en los países subsaharianos, sigue dando resultados aunque las pateras cargadas de inmigrantes que llegan a las costas españolas, fundamentalmente al archipiélago canario, y los naufragios con víctimas mortales siguen produciéndose. A finales de octubre se batieron todas las marcas conocidas: un supercayuco de 30 metros de eslora llegó al puerto de Los Cristianos (Tenerife) cargado con 230 inmigrantes (el triple de lo normal), de los que 25 eran menores de edad.

- El polvorín en que los talibanes han convertido Afganistán en los últimos años le estalló a un convoy integrado por 12 camiones afganos y siete vehículos españoles. Un suicida enfiló con su coche cargado de explosivos hacia el último blindado de la caravana y mató a dos soldados españoles, el brigada Juan Andrés Suárez García, de 41 años, y el cabo Rubén Alonso Ríos, de 30. Durante el año, las fuerzas españolas habían conseguido salir indemnes de decenas de ataques. La ministra de Defensa, Carme Chacón, pidió un cambio de rumbo en la estrategia de Estados Unidos para apaciguar el avispero afgano.

- Y se hicieron evidentes las goteras de la justicia. El 13 de enero desapareció la pequeña Mari Luz Cortés, de cinco años. La Guardia Civil halló su cadáver en la ría de Huelva, 54 días después. El supuesto asesino, Santiago del Valle, fue detenido pasadas tres semanas. Su historial delictivo desató la alarma social por el deficiente funcionamiento de la justicia. El pederasta Del Valle tenía una condena firme de dos años de cárcel que nunca se ejecutó por la desidia del juzgado que dirigía Rafael Tirado. El Consejo General del Poder Judicial, encargado de las sanciones disciplinarias a jueces, cerró el caso con una multa de 1.500 euros a Tirado que desencadenó un malestar social mayúsculo al que se adhirieron tanto Zapatero como Rajoy.

Fue una de las últimas decisiones de un Consejo General del Poder Judicial descalificado por sus propias acciones, convertido en ariete contra el Gobierno socialista, dominado por una mayoría conservadora que el PP quiso hacer perpetua al bloquear durante casi dos años su renovación.

El caso de la niña Mari Luz agitó a los profesionales de la justicia, que se movilizaron a favor de los compañeros implicados en la desidia que dejó al pederasta libre. Jueces y secretarios judiciales se rebelaron contra el Gobierno cuando leyeron que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega pedía para Tirado una sanción ejemplar de tres años de suspensión. Un paro encubierto de jueces para secundar una protesta de secretarios judiciales supuso la principal manifestación del malestar, que aún sigue.

Rajoy y Zapatero aseguraron cuando se reunieron en verano que los problemas judiciales eran su prioridad. Ambos anunciaron un acuerdo que embarrancó muy pronto. Pactaron la renovación del Consejo General del Poder Judicial con una serie de vocales demasiado comprometidos con la defensa de los intereses de PP y de PSOE. Cuando Zapatero y Rajoy se pusieron a cubrir los cuatro puestos del Tribunal Constitucional, donde los magistrados llevan un año con su mandato prorrogado, volvieron las chispas. Así las cosas, el año se cerró con un nuevo bloqueo en el órgano judicial más importante para el sistema democrático.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 21 de diciembre de 2008