Las ayudas a las empresas estarán vinculadas a la creación de empleo

El mayor problema que tienen las empresas en el actual escenario de crisis es de liquidez. Los incentivos a fondo perdido que eran, hasta ahora, la estrella de las subvenciones del Gobierno andaluz no parecen responder a las necesidades del tejido productivo andaluz en estos momentos. Por ello, la Junta presentó ayer el que es su tercer programa de incentivos en tres años, que supone un cambio sustancial en la filosofía que hasta ahora impregnaba la política de ayudas públicas, todo ello con la idea de inyectar mayor liquidez a las empresas, primando los proyectos que asuman ex trabajadores de industrias en crisis, y primando la creación de puestos de trabajo.

"No son ayudas para los que destruyan empleo; será imprescindible cumplir las condiciones de creación y mantenimiento de empleo durante un plazo de siete años", señaló ayer en Jaén el consejero Francisco Vallejo al presentar a agentes sociales la nueva orden de incentivos empresariales, que contará con una dotación económica de 1.500 millones de euros para el periodo 2009-2013.

Los sindicatos piden garantías de que no se primará a quien destruya empleo

El nuevo programa de incentivos otorga preponderancia al crédito y el aval a las empresas buscando una mayor agilidad en el proceso administrativo. Así, se establece un plazo máximo de dos meses para la resolución de los incentivos reembolsables (donde se suprime el límite de 600.000 euros y la necesidad de aval).

Los otros instrumentos financieros que se incorporan son los préstamos participativos, la bonificación del tipo de interés de créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), avales, incentivos a empresas innovadoras de reciente creación (menos de cinco años) para sufragar los costes vinculados con la apertura de la empresa y otros gastos de funcionamiento (con un máximo de dos millones).

Para garantizar la liquidez de los proyectos empresariales, la Consejería de Innovación abonará de forma anticipada los incentivos directos hasta un máximo del 75% y sin necesidad de aval, una ayuda que Vallejo defendió para aumentar la competitividad de las empresas. La orden incorpora también un buen número de medidas correctoras que tratan de minimizar los efectos de la actual crisis económica.

De este modo, se aumentarán en un 10% los incentivos para los proyectos de creación y modernización empresarial que asuman parados de empresas en situación de crisis en los últimos tres años. El porcentaje se incrementará hasta el 20% para los proyectos que promueven la conciliación de la vida laboral y familiar, así como los promovidos por jóvenes y mujeres, exigiéndose para los proyectos de nuevas empresas planes de igualdad de género.

Los sindicatos UGT y CC OO se felicitaron por los nuevos instrumentos de apoyo al tejido productivo, pero advirtieron que estarán vigilantes para que se cumplan los compromisos de no destruir empleo. "Las empresas deben suscribir una póliza de aseguramiento del empleo que tienen (...) no podemos seguir dando dinero público a quienes, al menor viento de crisis, dejan a los trabajadores en la calle", señaló el líder regional de UGT, Manuel Pastrana.

El secretario de CC OO, Francisco Carbonero, abundó en esa tesis: "De no cumplirse esas condiciones pediremos el reintegro de las ayudas que reciban las empresas".