Exteriores no encuentra el informe secreto del pacto de Aznar y Bush

El informe "muy secreto" del 10 de enero de 2002, que recoge la petición del consejero político-militar de la Embajada de Estados Unidos en Madrid para que los presos con destino a Guantánamo (Cuba) hicieran escala en España, no está en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Al menos, no en los tres en los que debería estar: el del ministro (a quien iba dirigido el informe), el del director general de Política Exterior para América del Norte (que redactó el escrito y lo firmó) y el del secretario de Estado de Asuntos Exteriores (al que se remitió una copia).

Así lo ha certificado la comisión de investigación a la que el ministro Miguel Ángel Moratinos encomendó que recabase todos los documentos relacionados con el paso por España de prisioneros de Afganistán.

La sustracción o destrucción de un escrito oficial es delito

Aunque ayer se seguía buscando en otros archivos del departamento -una labor prácticamente inabordable, dado su gran número y su dispersión-, la comisión ha constatado ya la pérdida del original, que legalmente tendría que estar en alguno de los tres archivos citados. Y sostiene, además, que su desaparición es anterior a noviembre de 2005, cuando Moratinos aseguró en el Congreso que "el Gobierno tiene la convicción, fundamentada en el resultado de la investigación realizada, de que aquellas escalas [de aviones militares de EE UU en las bases de Morón, Rota y Torrejón] se han realizado de acuerdo a la ley".

El informe del 10 de enero, con el número 3329/02, es un documento oficial, por lo que la destrucción o sustracción del original, e incluso su pérdida por negligencia, podría implicar un delito. El artículo 54.1 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, de 1985, señala que quienes, por la función que desempeñen, tengan a su cargo documentos oficiales "están obligados, al cesar en sus funciones, a entregarlos al que les sustituya en las mismas o remitirlos al archivo que corresponda".

Está previsto que la comisión entregue a Moratinos los resultados de su investigación antes del viernes, para que éste pueda llevarlos al Consejo de Ministros y comparecer la semana próxima ante el Congreso.

"Este Ministerio no filtra documentos. Difícilmente puedo filtrarlos cuando no existen en nuestros archivos", dijo ayer Moratinos en Bruselas, en respuesta a las acusaciones del PP.

En Exteriores no hay ninguna duda sobre la autenticidad del documento. El pasado domingo, el mismo día que EL PAÍS difundió el informe, Moratinos habló por teléfono desde Doha, donde participaba en la Conferencia de Financiación para el Desarrollo, con quien ocupaba su cartera en 2002, Josep Piqué, que le facilitó todo tipo de explicaciones. EL PAÍS habló después con Piqué y éste declinó la posibilidad de desmentir la noticia.

Además, Moratinos dispone de la versión directa del autor del escrito, Miguel Aguirre de Cárcer, quien desde el pasado día 21 es embajador especial para Asuntos de Desarme.

Pero, según las fuentes consultadas, Exteriores no puede certificar la autenticidad del documento, pues no puede cotejarlo con el original. Si no se encuentra, lo más probable es que al juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, no le quede más remedio que citar a Miguel Aguirre de Cárcer para que reconozca su firma en la copia de EL PAÍS.