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Editorial:

Cómplices de la vergüenza

Ningún alto cargo del PP expresó reservas sobre el traslado ilegal de personas a Guantánamo

No basta con decir que el Gobierno de Aznar conocía la existencia de vuelos ilegales y secretos con destino al limbo jurídico de Guantánamo. La maquinaria de la Administración española se puso al servicio de la Administración de Bush para facilitarlos y para disimular las evidencias de su tránsito por España. En la operación participaron altos funcionarios de los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, y también del gabinete internacional de la Presidencia del Gobierno. Dejaron constancia escrita de las comunicaciones para dar respuesta inmediata a una petición de Washington que los convertía en cómplices de una de las mayores vergüenzas de nuestro tiempo.

Al igual que ocurrió con los diputados populares a la hora de votar en el Congreso sobre la participación española en la invasión de Irak, perpetrada al margen de Naciones Unidas, ni uno solo de los altos cargos nombrados por el PP y por cuyas manos transitaron la información y los documentos sobre los vuelos secretos expresó la más mínima reserva política o moral frente a la iniquidad que iba a llevarse a cabo. Su celo llegó al extremo de sugerir los aeropuertos más "discretos" y las fórmulas más apropiadas para ocultar a la opinión pública la grave decisión que el Gobierno iba a adoptar. Incluso previeron las consecuencias de que alguno de los trasladados tuviera nacionalidad europea. Pero no para objetar el plan, sino para evitar que se supiera.

Aznar hizo de la lucha contra el terrorismo la bandera de su presidencia, e insistió en que, para vencerlo, no valían los atajos. Pero era un principio cuya validez dependía de las circunstancias. Si todos los terrorismos le parecían iguales, como no cesó de repetir para justificar la participación española en Irak, también deberían parecérselo todos los episodios de guerra sucia.

Y, sin embargo, no consta que pusiera ningún reparo a la hora de convertir a nuestro país en una pieza del engranaje que facilitó la tortura de decenas de acusados de terrorismo, invocando la seguridad, la libertad y la democracia. Todavía hoy lo sigue haciendo, para desgracia de la actual dirección de su partido, que intenta evitar verse salpicada por este nuevo escándalo.

La Audiencia Nacional viene investigando los vuelos secretos con destino a Guantánamo desde que se supo que algunos de ellos transitaron por España. El proceso se encontraba paralizado a falta de pruebas y documentos: ahora se han conocido pruebas de vuelos militares, diferentes a los de la CIA pero con implicaciones similares. El Gobierno actual asegura desconocer que su predecesor concediera de manera expresa autorización para los vuelos a Guantánamo, y el ministro de Exteriores se ha comprometido a abrir una investigación. Sorprende que esa investigación sólo se inicie ahora, como si la causa abierta en su día por la Audiencia Nacional, y que ha estado a punto de decaer, no hubiera sido un estímulo suficiente y se hubiera estado modulando la colaboración con la justicia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de diciembre de 2008