Bruselas propone animar la economía con un estímulo de 200.000 millones

La Comisión Europea ha optado finalmente por una posición intermedia sobre el volumen de fondos del plan de estímulo económico para sacar a Europa de la recesión. El presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, anunció ayer que el paquete debería ascender a unos 200.000 millones, equivalente a un 1,5% del producto interior bruto (PIB) de la Unión. En los trabajos preparatorios se barajó un abanico de entre el 2% y el 1%, pero Alemania advirtió de que la cifra decidida era el máximo admisible. Es una cuantía importante, pero que sólo representa algo más del 10% de los 1,8 billones de euros movilizados para salvar los bancos europeos.

La principal aportación corresponderá a los Estados miembros (170.000 millones), que ya han empezado a anunciar sus planes de estímulo (hoy presentará sus medidas el Gobierno español). Y los 30.000 millones restantes serán financiados por la Unión Europea, a través de los fondos comunitarios (14.400 millones) y del Banco Europeo de Inversiones (15.600). La propuesta será analizada en el próximo Consejo de Economía y deberá ser aprobada por los jefes de Estado o de Gobierno en la cumbre de los próximos 11 y 12 de diciembre.

Los países pueden decidir libremente el importe de sus medidas

El objetivo es que el impulso equivalga al menos al 1,5% del PIB de la UE

En la redacción final se ha dado libertad a los Estados para que decidan su participación en función de su situación económica. El impacto de la crisis en la UE es muy distinto. Mientras para unos Estados se prevé un crecimiento superior al 4% (Polonia, Bulgaria, Eslovenia y Rumania), a otros les aguarda la recesión, como Reino Unido, Irlanda y España.

La versión inicial del plan preveía una aportación lineal del 1% del PIB por parte de cada Estado miembro. A propuesta del comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, se acordó adaptar el compromiso de cada país a su situación económica. A la vez, se ofrece un amplio y heterogéneo catálogo de opciones dentro de las cuales cada Gobierno elegirá sus medidas. Este margen de libertad facilitará también su aprobación por todos los Estados, porque no se verán concernidos por ninguna obligación.

Más difícil se presenta la aprobación del cambio de los reglamentos de los fondos estructurales y de cohesión necesaria para anticipar los pagos, que supondría una inyección de unos 6.000 millones adicionales en 2009. Las reticencias provienen de los principales contribuyentes netos, léase Alemania, pues en la práctica se traduce en una transferencia directa de recursos sobre proyectos que en algunos casos no se habrán iniciado.

El objetivo del plan es detener el progresivo deterioro de la economía con las secuelas de destrucción de empresas y aumento del paro. "Si no actuamos corremos el riesgo de tener un círculo vicioso de recesión, con bajo poder de compra y bajos ingresos fiscales, crecimiento del paro y déficit presupuestarios", advirtió Barroso. Almunia señaló que estamos "en una situación económica muy complicada, de recesión en muchos casos". "Si no se hace nada, es posible que la recesión se agrave y lo que hay que hacer cuesta dinero". "Hay que optar no entre una opción estupenda y otra detestable, sino que estamos entre dos salidas que las dos tienen inconvenientes, pero la que tiene más inconvenientes es la de no hacer nada". El plan establece que "la principal prioridad debe ser defender a los ciudadanos europeos de los peores efectos de la crisis financiera", señala el documento de Bruselas. Para Barroso, "los empleos y el bienestar de los ciudadanos están en juego". En este sentido, la Comisión presenta una serie de medidas "para aumentar la cualificación de los trabajadores" para "asegurar la rápida integración en el mercado laboral de los trabajadores que no han sido despedidos y evitar el desempleo a largo plazo". En este sentido, Bruselas propone la simplificación de los criterios del Fondo Social Europeo (FSE) y establecer un anticipo de 1.800 millones de euros para principios de 2009.

Con el propósito de aumentar el consumo y favorecer el empleo el plan considera que "unas contribuciones sociales más bajas pagadas por los empresarios pueden tener un impacto positivo en el mantenimiento del empleo", mientras que una rebaja de los impuestos a las rentas del trabajo "puede aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios más bajos". Igualmente sostiene que "reducciones temporales del tipo del IVA, podrían introducirse rápidamente y podrían provocar un impulso fiscal para apoyar el consumo".

El aumento de gasto público y la reducción de ingresos fiscales está generando ya en un aumento del déficit público en muchos Estados, superando el límite del 3% del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Barroso aseguró que, dadas "las circunstancias excepcionales, se va a utilizar la máxima flexibilidad que el pacto ya permite".

El comisario de asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, fue más preciso al advertir de que se tendrá en cuenta que los déficit excesivos se deben a "circunstancias excepcionales". Añadió que en todo caso los déficit excesivos deberán ser limitados y transitorios. Y precisó: "Limitado quiere decir algunas décimas de más, no muchas, y transitorio, un año, no varios". Un mensaje dirigido a desvanecer las ilusiones de quienes en los últimos días han especulado y promovido la conveniencia de modificar o suspender temporalmente el Pacto de Estabilidad.

Almunia recordó que tanto o más importante que la vigilancia sobre el cumplimiento del pacto "es el dictamen de los mercados sobre las medidas adoptadas por los Gobiernos y del que dependen de si prestan o no y en qué condiciones".