La producción de algodón cae a mínimos históricos

No corren buenos tiempos para el sector del algodón en Andalucía, que concentra el 95% de la producción nacional. Desde el ingreso de España en la Unión Europea, en 1986, la producción andaluza de algodón no había sido inferior a las 100.000 toneladas ni un solo ejercicio. En la campaña actual, esta cifra apenas alcanzará las 40.000 toneladas, una cantidad que será aún menor la próxima campaña, en la que previsiblemente se reducirá aún más la superficie de siembra y el rendimiento por hectárea.

El régimen de ayudas comunitarias aprobado en 2004 (mantenido por Bruselas pese a que el Tribunal de Justicia de la UE anuló la reforma del sector a petición de España) no ha hecho más que llevar a este cultivo a una situación crítica. Las organizaciones agrarias lo achacan a la falta de incentivos a los algodoneros, que reciben un 65% de las ayudas desvinculadas de la producción, lo que otorga libertad al productor para sembrar otros cultivos alternativos, mientras que la cantidad máxima de siembra se limita a 70.000 hectáreas.

El descenso de la cosecha en Andalucía se acerca al 60%

Las desmotadoras no tienen suficiente trabajo para lograr ser rentables

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"Con la reforma de 2004 y la desaparición de la ayuda a la producción se certificó la muerte del cultivo", señala Emilio Gutiérrez, responsable nacional de algodón de Asaja. El resultado, en su opinión, ha sido la agonía del cultivo y de la industria desmotadora, que hoy carece de algodón para desmotar, pues en lo que va de campaña tan sólo han recibido 22.000 toneladas, una cantidad que no permite rentabilizar las 18 desmotadoras con que cuenta Andalucía.

El algodón ha sido hasta ahora un cultivo fundamental para 140 pueblos de Andalucía. El sector venía generando un millón de jornales y una facturación anual de 900 millones de euros hasta la reforma comunitaria del régimen de ayudas. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) denuncia que el sector dejará de ingresar esta campaña unos 20 millones de euros de la UE al no llegar a la superficie máxima con derecho a subvención que marca la Unión Europea de 70.000 hectáreas. Y es que muchos productores, la mayor parte de ellos de las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén, han decidido renunciar este ejercicio a las siembras por falta de rentabilidad. En los tres últimos años, los productores de la comunidad han dejado de ingresar unos 40 millones.

Junto al impacto de la reforma comunitaria, el sector se ha visto golpeado en esta campaña por los efectos perversos de las plagas. En concreto, la plaga de la heliothis y las condiciones climáticas adversas han provocado una caída en picado de las producciones con especial incidencia en la comarca del Bajo Guadalquivir. De hecho, durante este ejercicio se ha tenido que resembrar más del 25% de las aproximadamente 52.000 hectáreas.

El consejero de Agricultura, Martín Soler, ha minimizado la crisis del sector y ha achacado la caída de la producción a la climatología adversa y al incremento de las plagas. Soler recuerda que la reforma comunitaria ha permitido garantizar un mínimo de hectáreas, incrementar las ayudas a los 1.400 euros por hectárea y tener un plan de calidad de entre 500 y 600 euros por hectárea, "de modo que se garantiza la renta del agricultor y el mantenimiento de la industria desmotadora". Sin embargo, la UPA ha pedido a Agricultura que negocie con el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino la reforma del borrador del Real Decreto con el objetivo de modificar la obligación de obtener rendimientos mínimos de 1.000 kilos por hectárea en secano y de 2.500 en regadío para cobrar la ayuda acoplada (vinculada a la superficie) de 1.400 euros por hectárea, que marca el nuevo reglamento comunitario, y que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2009. Dicho borrador recoge que en el caso de no obtener estos rendimientos mínimos, el agricultor andaluz podrá perder todas sus ayudas del pago único. UPA-Andalucía teme que de no modificarse estas obligaciones, el cultivo desaparecerá el próximo año.

Además, la UPA pide al Gobierno que solicite a la Unión Europea la autorización del algodón biotecnológico de manera urgente por entender que puede ser una herramienta clave para el control de plagas y la supervivencia del cultivo, como se ha demostrado con otros países productores, como China, EE UU, Australia, Argentina o India.