Oportunos paliativos
Las medidas anunciadas por Zapatero son un buen remedio; pero la crisis va a exigir aún más
Esta crisis está acelerando el deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos con rentas bajas. Más si las familias están endeudadas, como es el caso de una amplia mayoría de las españolas. Al igual que ocurrió en EE UU, Reino Unido o Irlanda, la otra cara de la intensa expansión de la construcción ha sido el notable aumento de la financiación hipotecaria.
La solvencia de un buen número de familias ha empeorado en los últimos meses. El aumento del paro a un ritmo sin precedentes es uno de los peores efectos de la crisis en España. En el paro no es fácil pagar las deudas, aun cuando esté en juego la vivienda hipotecada. Es razonable, por tanto, que el Gobierno trate de paliar las consecuencias de esa estrecha complicidad entre desempleo e insolvencia, permitiendo a los desempleados y autónomos inactivos con cargas familiares el aplazamiento de hasta dos años del pago del 50% de las cuotas mensuales de las hipotecas. El presidente del Gobierno ha anunciado, además, que la devolución fiscal que reciben quienes pagan una hipoteca cuando hacen la declaración del IRPF se incorporará a las retenciones mensuales de su nómina, con lo que los contribuyentes podrán disponer anticipadamente de esas ventajas fiscales. Sólo los contribuyentes con rentas inferiores a 33.000 euros (unos 3,5 millones de personas) podrán beneficiarse.
El otro frente objeto de atención, el mercado de trabajo, se aborda bonificando con 1.500 euros a las empresas que contraten desempleados con cargas familiares, al tiempo que se estimularán los contratos fijos en sectores considerados estratégicos. Junto a ello, también son buenas señales los compromisos de intensificación de las asignaciones a planes de empleo y formación para las administraciones locales.
Son medidas convenientes, pero en ningún caso soluciones a los muy serios problemas que la recesión en ciernes va a poner de manifiesto. La excepcionalidad de ésta exige, en primer lugar, la urgente normalización del funcionamiento de los mercados de crédito: la aceleración de los trámites necesarios para la aplicación de las medidas acordadas hace un mes. Ello es tan necesario como la absoluta transparencia en su concreción.
Será necesario, además, que la inversión pública disponga de un protagonismo mayor del que le asigna el proyecto de Presupuestos. En la situación actual sólo se conseguirá un impacto sobre la demanda agregada y el empleo si se incrementan significativamente esos recursos. Serían decisiones compatibles con la necesaria convergencia en dotación de capital público que tienen las economías más avanzadas de Europa, condición a su vez de esa mayor intensidad de capital que requiere el aumento de la productividad: la necesaria modernización de su patrón de crecimiento. Nunca fueron más compatibles dos objetivos de política económica: luchar contra la más severa recesión y fortalecer la capitalización de la economía española.
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