Lo público y el público

Las actas de las deliberaciones de cada reunión del órgano ejecutivo de la Reserva Federal de Estados Unidos pueden ser conocidas por los ciudadanos de ese país a partir de la tercera reunión posterior de dicho organismo. Algo así resultaría impensable con relación al Banco de España, por ejemplo. Por razones históricas, pero también por inercias administrativas, aquí hay poca conciencia de la obligación que tienen las administraciones de facilitar al público el acceso a datos y documentos, incluyendo informes financiados con dinero público. Una ley a cuya elaboración se ha comprometido Rodríguez Zapatero deberá regular esa obligación.

Casi todos los Gobiernos del mundo tienen tendencia al secretismo. Pero en la mayoría de los países democráticos existe una legislación específica que ampara y regula el derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos y registros administrativos y otras informaciones no protegidas por el secreto o el derecho a la intimidad. España es, con la poco envidiable compañía de Grecia, Luxemburgo y Chipre, uno de los escasos miembros de la UE que no tiene regulado ese derecho, aunque el artículo 105 de la Constitución incluye un mandato al respecto. Ese artículo cita como únicas limitaciones lo relacionado con la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad personal. Existen normas (la Ley de Datos, la de Secretos Oficiales, etcétera) que protegen esas excepciones, pero no todavía la que garantice el principio general: la obligación de facilitar el acceso de los ciudadanos a esas informaciones.

El control de los administradores y la obligación de éstos de rendir cuentas son el nervio del sistema parlamentario. Ambos principios están relacionados con la libertad de expresión. Pero la otra cara del derecho constitucional de difundir ideas, opiniones e informaciones es la obligación de las administraciones de facilitar los datos que le sean solicitados. La historia contemporánea registra numerosas situaciones trágicas que se habrían evitado si la opinión pública hubiera conocido informaciones que los gobernantes ocultaron. No todo es susceptible de publicidad, pero por eso es necesaria una ley que no deje ese derecho a la discrecionalidad del poder o de quienes lo ejercen por delegación. Zapatero está obligado a cumplir su compromiso, reiterado hace tres semanas ante una asamblea internacional de periodistas celebrada en Madrid.