La Administración y sus 'altos secretos'

Obtener información oficial, acceder a archivos públicos o recabar datos de la Administración es, más que un derecho, un calvario. A diferencia de lo que ocurre en casi toda Europa (en Suecia, desde 1766), en España no existe ninguna ley que garantice la transparencia. Nada ni nadie obliga a instituciones, fundaciones o entidades privadas financiadas con dinero público a proporcionar datos a los ciudadanos. El oscurantismo es la única norma que se cumple a rajatabla. Impera la ley del top secret.

El 28 de septiembre es el día internacional del derecho a saber, pero la Administración española no parece tener esa fecha en el calendario. Esta situación, sin embargo, puede tocar a su fin. El Gobierno se ha comprometido a promover una ley que garantice "el mayor acceso posible a la información pública". Zapatero hizo el solemne anuncio en la clausura de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como respuesta a una petición expresa de este organismo, que agrupa a 1.300 publicaciones. La SIP subrayaba la necesidad de que las autoridades españolas pongan en marcha "de manera inmediata" una ley que reconozca y regule el derecho de los ciudadanos a acceder "de manera rápida, gratuita y efectiva" a los archivos y registros administrativos en manos de autoridades y organismos públicos.

"Los funcionarios se creen guardianes de secretos", se queja un experto

Camarasa: "El diálogo con el Consell es propio de los hermanos Marx"

España es uno de los cuatro países de la UE que carecen de regulación

Zapatero se ha comprometido a promover una ley en esta legislatura

El 78% de las solicitudes no recibieron respuesta satisfactoria

Los datos sobre seguridad nacional y vida privada estarán protegidos

El libre acceso a la información se plantea como un derecho fundamental

El proceso para obtener documentos debe ser rápido, sencillo y gratuito

Posiblemente esta ley sea el milagro que esperan los valencianos para saber lo que costó a las arcas públicas la visita de Benedicto XVI hace dos años. Casi los mismos que el diputado autonómico socialista José Camarasa lleva reclamando el alcance de la factura del multitudinario Encuentro de las Familias de julio de 2006. Cada poco tiempo plantea la cuestión al Gobierno que preside el popular Francisco Camps. "Estoy colapsado", se lamenta Camarasa. "He preguntado seis o siete veces sobre el coste del viaje del Papa y me contestan que el desembolso de dinero público fue el que correspondió a la organización de gastos propios de la visita. Repregunto, y lo mismo". En definitiva, "un diálogo propio de los hermanos Marx", que el parlamentario regional atribuye a "una táctica sistemática del Consell que consiste en no contestar las preguntas que le puedan perjudicar".

Conocer las listas de espera de los hospitales, los contratos inmobiliarios de las fundaciones que reciben subvención, el número de personas expulsadas de territorio español, el porcentaje de soldados que han sufrido accidentes en Irak, los kilómetros de carril bici en Madrid o cómo se reparte el dinero que recauda la SGAE es una misión titánica. "La ley es absolutamente necesaria. Cualquier persona que quiera acceder a una información, aunque sea inocua, se encuentra ante una carrera de obstáculos", constata el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz Severiano Fernández. ¿De quién es la culpa? "Hoy por hoy, los funcionarios acuden a todo tipo de excusas para ocultar la información, incluido el famoso silencio administrativo. La callada por respuesta es la forma más fácil y cómoda de ocultar la información. El ciudadano se encuentra en una situación de indefensión; a no ser que se embarque en los tribunales, un proceso que no deja de ser largo y costoso", explica Fernández.

Con una ley de libre acceso a la información, similar a la que disfrutan al menos 78 países en todo el mundo, se acabaría esta secular opacidad. El Consejo de Europa tiene ya sobre la mesa el primer tratado internacional dedicado a este derecho, una convención que podría ver la luz en 2009. "La Administración española quiere ser moderna, pero en esta materia va por detrás de países como México", subraya Fernández. Está incluso más rezagada que Guatemala, que acaba de aprobar una norma que obliga a los distintos organismos del Estado a revelar desde los contratos de los asesores a los gastos de representación pasado por todo tipo de convenios urbanísticos.

Si se consigue una Administración transparente se verá que "hay servicios que funcionan mal" y "funcionarios que a menudo se han apropiado de parcelas de poder que no les corresponden", apunta Manuel Sánchez de Diego, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. "La Administración, cuando regula, tiene miedo de que se le haga trabajar o de que se puedan descubrir sus pequeños secretillos. Muchos funcionarios deberían cambiar de mentalidad; no son guardianes de secretos", añade en tono irónico.

Aunque Zapatero anunció su regulación hace apenas tres semanas, no es la primera vez que la ley de transparencia sale a escena. Aparecía ya en el programa electoral de los socialistas en 2004 y 2008. "Impulsaremos una ley sobre el derecho al libre acceso a la información que garantice que todos los poderes, autoridades públicas y entidades sostenidas con fondos públicos faciliten, en tiempo útil, el libre acceso a toda información o documento oficial, con la única excepción de lo que atente a la legislación de protección de datos o de secretos oficiales".

Promesa incumplida en la primera legislatura y trabajo extra para Access Info Europe, organización que aboga por la transparencia informativa en el Viejo Continente y contribuye a su desarrollo a escala mundial. La entidad -que forma parte junto a otra veintena de la Coalición Pro Acceso- ha recogido las quejas de los ciudadanos ante el cerrojazo de la Administración en Cuando lo público no es público, documento que refleja una serie de casos en los que la autoridad competente ha mirado hacia otro lado.

Las peticiones formuladas no se refieren precisamente a secretos de Estado. A menos que la definición de "envase" lo sea. Access Info cuenta el ejemplo de un ciudadano que quiso saber lo que la Administración entendía por "envase" para poder reciclar. No tuvo éxito. Tampoco recibió respuesta aquel otro que solicitó al Ministerio de Cultura la memoria de la SGAE y de VEGAP sobre el empleo del dinero que recibe en concepto de canon digital. Aunque tratándose de la SGAE, organismo poco dado a la transparencia de sus cuentas, bien pudieran considerarse tales informes como top secret. Cultura esquivó dar las memorias pedidas porque "no forman parte de un expediente administrativo". Access Info considera que la sociedad tiene derecho a saber cómo se está empleando este dinero. Por eso ha presentado un recurso ante los tribunales.

Todos los males proceden de uno: España es de los pocos países de europeos que carece de una ley que regule el derecho de acceso de los ciudadanos a datos y archivos oficiales. Sólo Grecia, Luxemburgo y Chipre están en la misma situación. Malta, que también integraba el club de los sindatos, ha tomado la delantera y ya que está tramitando en el Parlamento la Freedom of Information Act.

Al frente de la asesoría jurídica de Access Info Europe, Eva Moraga afirma que el derecho de acceso es un instrumento clave para garantizar la transparencia. "Cualquier persona puede pedir a cualquier poder público o entidad privada si opera con fondos públicos, información sobre su actividad o sobre los servicios que presta". Además, no tiene que explicar para qué la quiere ni el uso que hará de ella. Sánchez de Diego lo resume en dos líneas: "Tengo derecho a que me informen porque tengo curiosidad".

El seguimiento llevado a cabo por Access Info echa por tierra esa declaración de intenciones. Tras seguir el rastro de 41 solicitudes de datos presentadas por diferentes personas a distintos organismos públicos llega a una conclusión demoledora: el 78% de las peticiones no recibieron la información solicitada -en unos casos la contestación denegaba los datos (43%) y en otros, sencillamente, se optó por el silencio (35%). Sólo en un 22% de las consultas se ofrecieron los datos requeridos.

El silencio administrativo "no vale" porque "supone una violación de un derecho fundamental", se queja Moraga. "Hay que cambiar los usos. El ciudadano tiene derecho a estar bien informado para participar en la vida pública con conocimiento de causa". En la misma línea insiste el profesor Sánchez de Diego, que ancla el derecho de acceso directamente en el artículo 20 de la Constitución: "El derecho a la libertad de información abarca el derecho a emitir, recibir y buscar información. Es un derecho fundamental". Recuerda que el artículo 105 -argumentado por algunos- no está en el catálogo de los derechos fundamentales, sino que afecta a la Administración, "la otra cara de la moneda". Por eso, sostiene que la nueva norma debería tramitarse como ley orgánica, lo que requiere "un mayor consenso entre los partidos políticos".

Aunque España siga sin oírlo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dejado claro: el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende "no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole". Y añade que el Estado tiene la "obligación positiva" de suministrar la información.

Se trata, además, de un derecho universal. Pese a que la materia prima es la información, no es exclusivo de los periodistas. Como subraya el abogado Ángel García Castillejo -autor del libro Régimen jurídico del profesional de la información- afecta a todos los ciudadanos. "Es de cajón. Es inconcebible que a estas alturas no esté disponible". Lo importante, además del reconocimiento del derecho, es "que se faciliten las herramientas para que la búsqueda de la información sea efectiva". Llevar a cabo la tramitación no deberá ser un rompecabezas ni provocar quebraderos de cabeza en el solicitante. Se trata de que sea un proceso sencillo, rápido y gratuito. Y, sobre todo, que la respuesta no discurra por los circunloquios propios del lenguaje oficial, sino que sea bien entendida por quien la recibe. "El lenguaje debe ser comprensible y la respuesta rápida. No vale que la Administración se vaya tirando la pelota de un sitio a otro, ni el clásico 'vuelva usted mañana", apunta Sánchez de Diego.

El tiempo de respuesta es una pieza importante (la mayoría de las legislaciones lo acotan a un máximo de 15 días) para que las peticiones no se eternicen. La media de los casos en España analizados por Access Info es de 38 días, aunque en algunas ocasiones la respuesta ha estado seis meses en el congelador. Y a veces, sigue ahí. Moraga recuerda que en Suecia la contestación debe ser inmediata. "Es un caso extremo. Se establecen plazos de 24 ó 48 horas. Y si la búsqueda de datos es compleja y va a tardar una semana el funcionario de turno llama al solicitante para explicárselo".

A la hora de determinar quién ha de velar por la transparencia, Moraga se inclina por el modelo del Reino Unido: un organismo independiente. Sánchez de Diego considera podría recaer en una institución similar a la del Defensor del Pueblo o la Agencia de Protección de Datos. Pero sobre todo, hace falta que sea obligatoria en los distintos escalones de la Administración: estatal, autonómica y local. Quizá así, Camarasa pueda saber en esta legislatura lo que costó la visita pastoral de 2006.