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Crisis financiera mundial | La intervención de Washington

EE UU inyectará 485.000 millones para evitar el colapso financiero

El Ejecutivo trata de conseguir un acuerdo en el Capitolio a contrarreloj

La última semana negra, colofón de más de un año de turbulencias, cambiará de arriba abajo al sistema financiero y con él la economía de Estados Unidos. La Administración de Bush dio ayer el detalle de la que ya es la mayor intervención de un Gobierno en la economía, obligada por una espiral que a punto estuvo de llevarse el sistema por delante. "Se actuó para evitar el descalabro total", explicó ayer el presidente para justificar el cambio de estrategia de un Ejecutivo teóricamente poco dado a meter mano en los mercados.

El coste de la crisis suma ya un billón de dólares para los contribuyentes

Wall Street recibirá un auténtico baño de dinero público para evitar el colapso: el Gobierno estadounidense envió ayer a los congresistas el borrador del plan de rescate, que dejará una factura sensacional, de hasta 700.000 millones de dólares (casi medio billón de euros), para la compra de los activos tóxicos que asfixian los balances de las entidades financieras, y a la postre al resto de la economía norteamericana.

Mucho dinero y amplios poderes para intervenir los mercados, con un mensaje claro y conciso a los representantes políticos con el fin de evitar equívocos a las puertas de las elecciones: "La alternativa es el desastre", explicó el secretario del Tesoro a los congresistas durante un maratón de reuniones para acelerar todo el proceso.

El coste total de la crisis para los contribuyentes superará con creces el billón de dólares, si al nuevo plan de salvación se le suman los numerosos rescates bancarios practicados hasta ahora y el paquete de estímulo fiscal aprobado por el Ejecutivo estadounidense. Sólo esos 700.000 millones suponen casi la mitad del PIB español y, aproximadamente, el coste de dos años de guerra en Irak. Y el reconocimiento de que se trata de la mayor crisis desde la Gran Depresión y la mayor intervención pública jamás vista sobre los mercados. "Es un enorme coste para un enorme problema", resumió ayer Bush tras un encuentro con el presidente colombiano Álvaro Uribe en la Casa Blanca.

La aprobación de estas medidas requieren un enorme trabajo de fontanería política. Hank Paulson, secretario del Tesoro, Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal (el banco central) y los altos funcionarios de la Casa Blanca trabajarán a lo largo del fin de semana a contrarreloj para lograr un acuerdo en el Congreso, que debe cerrar sus puertas en breve ante la cercanía de las elecciones presidenciales.

Durante las reuniones con los líderes republicanos y demócratas, Paulson, lanzó una seria advertencia que dejó helados a los representantes políticos: "Que Dios nos asista si el plan no sale adelante", según fuentes próximas a uno de los asistentes citadas por The Wall Street Journal.

El plan va directo al corazón del problema: se trata de inyectar 700.000 millones en el sistema para sacar los activos dañados por las sacudidas de la crisis de las hipotecas subprime de los balances de las entidades financieras estadounidenses. Y sólo de las estadounidenses, pese a que centenares de instituciones de medio mundo adquirieron también ingentes cantidades de deuda tóxica durante los años de boom inmobiliario y crediticio en Estados Unidos y tienen miles de clientes en el país.

Hasta ahora, el Gobierno de Bush ha lanzado varios salvavidas -para evitar la quiebra del banco de inversión Bear Stearns, las hipotecarias Freddie Mac y Fannie Mae y la aseguradora AIG-, pero el nuevo esquema de intervención pasa por una medida general, dirigida al conjunto del sector financiero, a la que pueda acogerse cualquier entidad.

Para ello, no habrá superagencia estatal al estilo de la que se creó tras la Gran Depresión o para rescatar a las cajas de ahorros norteamericanas a finales de los ochenta, la mítica Resolution Trust. Pero sí un cuerpo de agentes públicos que se encargarán de devolver la tranquilidad a los mercados: Paulson y Bernanke reclaman al Congreso manos libres para contratar profesionales del mercado financiero. El objetivo es evaluar y poner precio a los activos hipotecarios tóxicos, que ahora no circulan en el mercado ante la desconfianza total que muestran las entidades financieras en cualquier activo relacionado con el mercado hipotecario estadounidense. Y más adelante, recuperar parte de lo invertido si las aguas vuelven a su cauce.

La propuesta requiere que el Tesoro rinda cuentas al Congreso tres meses después de su puesta en marcha, y a partir de ahí dos veces al año, según el borrador. Y supondrá elevar el límite de la deuda pública estadounidense por encima de los 11,3 billones de dólares, frente a los 10,6 billones actuales.

El plan deja en el aire varios interrogantes: el principal, los efectos de ese elevado endeudamiento en el déficit público, que ya está por las nubes a causa de la Guerra en Irak y la factura de la crisis hasta ahora, con rescates millonarios -230.000 millones sólo en Fredie, Fannie y Bear Stearns- y un plan de estímulo fiscal de 180.000 millones de dólares. Y a más corto plazo, la dificultad de alcanzar equilibrios políticos a menos de dos meses de las elecciones.

Los demócratas reclamaron ayer con insistencia que el plan dé protección no sólo a las firmas de Wall Street, sino al conjunto de los contribuyentes. "Hay que proteger a la clase media", aseguró el líder demócrata en el Senado, Harry Reid. Su partido reclama también otro paquete de estímulo fiscal para inyectar dinero en el programa público de salud y en infraestructuras públicas como carreteras, al más puro estilo keynesiano, con el objetivo de limitar los efectos del huracán financiero en la economía real.

Los nuevos poderes del Gobierno expirarán al cabo de dos años, y Bush se mostró confiado en que si los mercados reaccionan -y en los últimos días han dado muestras de ello, con fuertes subidas el jueves y el viernes- "buena parte del dinero volverá" a las arcas del Tesoro, según el presidente.

Junto al gigantesco plan de rescate, la Administración de Bush ha puesto en marcha cambios en la legislación para prohibir las apuestas especulativas a la baja en más de 700 compañías de Wall Street, e inyectará 50.000 millones para asegurar los depósitos y fondos de dinero de los estadounidenses, alarmados en los últimos días por la posibilidad de que sus ahorros se evaporen en medio del caos. El sistema financiero, tras 10 días negros que sólo se vieron aliviados con la vuelta de la euforia a las Bolsas a finales de semana, contiene la respiración. Wall Street dictará sentencia mañana.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 21 de septiembre de 2008