La izquierda abre paso a la nueva ley del aborto con el rechazo del PP

Se repitió el mismo esquema de hace 23 años. En 1985, el PSOE aprobó definitivamente la primera ley del aborto de la historia de España. Alianza Popular (AP), predecesora del PP, y el ala democristiana de UCD, que después se integró en el partido, votaron en contra.

El PP reivindica ahora la ley de 1985 contra la que en su día se movilizó

Los nacionalistas de CiU y PNV, con mucho voto católico, muestran dudas

El portavoz de AP en esta línea antiabortista de 1985 era Alberto Ruiz-Gallardón, hoy alcalde de Madrid y miembro de la cúpula del partido de la oposición. Ayer, pese a la distancia, los argumentos de la portavoz popular, Sandra Moneo, fueron similares. Su partido votó en contra de la creación de una subcomisión para estudiar una reforma porque, según explicó, "el Gobierno abre un debate sobre el que no existe ninguna demanda social".

La única novedad sobre 1985 fue que Moneo, heredera del grupo político que se opuso a esa ley, aseguró ayer que esa norma "goza del máximo consenso" y por tanto no conviene tocarla.

En el PP, en cuyo seno hay católicos integristas pero también ateos o agnósticos, hay alguna preocupación con este debate, porque algunos dirigentes temen que el PSOE les quiera colocar una imagen de retrógrados similar a la que les provocó su rechazo al matrimonio homosexual. Casi todas las encuestas demuestran que la mayoría de la población está a favor de una ley de plazos. Sin embargo, según fuentes de la dirección, nadie ha planteado internamente que el PP debería haberse abstenido en la votación para crear la subcomisión.

Con los demás grupos también se repitió el esquema de 1985. La izquierda (PSOE, ERC, IU-ICV, BNG) apoyó con entusiasmo la creación de una subcomisión impulsada conjuntamente por PSOE e IU, mientras CiU y PNV, nacionalismos de raíz democristiana o centro-derecha, cuyo voto tradicional tiene un fuerte componente católico, expresaron sus dudas.

CiU decidió abstenerse puesto que, según su portavoz, Mercé Pigem, la división entre los dos partidos, Convergència y Unió, hace que en asuntos morales -aborto, eutanasia, matrimonio homosexual, células madre- haya libertad de voto, de manera que CiU esperará al pleno para que cada diputado se pueda expresar libremente.

El portavoz del PNV, Joseba Agirretxea, dijo que su grupo no se opone a la creación de una subcomisión, pero expresó muchas dudas sobre el contenido de la reforma e incluso sobre la comisión en sí: "No sé si es la mejor herramienta para solucionar el debate", llegó a decir.

Mucho más claro lo tenía la izquierda. Tanto Gaspar Llamazares (IU-ICV) como Joan Tardá (ERC), que ya pidieron esta reforma en la anterior legislatura pero se encontraron con el rechazo de los socialistas, insistieron en la idea de que algunas mujeres que abortan y profesionales que realizan la intervención están siendo criminalizados e incluso perseguidos penalmente, como se ha comprobado

con las investigaciones en la clínica madrileña Isadora, por las cuales un juez llegó a llamar a declarar a decenas de mujeres que había abortado.

El PSOE y el Gobierno han tomado la firme decisión de sacar adelante una profunda reforma de la ley del aborto. De hecho, lo que hay ahora no es una ley, sino un retoque del Código Penal para despenalizar el aborto en tres supuestos: embarazo por violación (durante las 12 primeras semanas), malformación del feto (22 semanas) y afectación psicológica de la madre. Este último no tiene límite, y es el supuesto al que se acogen el 97% de las mujeres.

El Ministerio de Igualdad ha creado una comisión de expertos, que trabajará en paralelo a la subcomisión del Congreso para tener lista la ley en el primer trimestre de 2009. La subcomisión tiene un plazo máximo de seis meses para elaborar su informe. Los socialistas están convencidos de que el PP llevará la ley al Tribunal Constitucional, como hizo en 1983 (la definitiva se aprobó en 1985, con los retoques ordenados por los jueces). Por eso quieren buscar una norma con las mayores garantías sanitarias, profesionales, jurídicas y constitucionales.

Carmen Montón, portavoz del PSOE, explicó que el PP, con su voto negativo "quiere hurtar el debate" y recordó que la nueva ley pretende corregir las "disfunciones" de la actual y garantizar que se puede abortar en toda la red pública y en todas las comunidades -actualmente apenas se practican abortos en la sanidad pública y en comunidades como Navarra no se puede abortar ni en la privada-.

El PSOE se plantea una ley de plazos -se habla de entre 12 y 16 semanas- combinada con supuestos. Esto es, en las primeras semanas, aborto libre -con un plazo de 14 semanas, el 90% de los abortos actuales quedarían legalizados automáticamente-, y después sólo en casos justificados, como malformaciones del feto o riesgo grave para la madre.

A partir de ahora se abre un proceso de comparecencias en la subcomisión, que será polémico. El PP, pese a votar en contra, participará y podrá invitar, si quiere, a personas de los colectivos antiabortistas, algunos integrados por diputados populares o por un ex secretario de Estado con el PP como Benigno Blanco.