El PSE pide que no se recorte el gasto social por las dificultades económicas

Los socialistas vascos preparan ya una batería de enmiendas al proyecto de ley de Servicio Sociales para conseguir, entre otras cosas, que el futuro sistema vasco "dé iguales derechos a todos" los ciudadanos independientemente del territorio donde vivan. Pero, mientras tanto, advierte a las diputaciones de que no se les ocurra, en plena crisis, "recortar el gasto en políticas sociales o ir a un incremento cero". Sobre todo, recordó la dirigente y parlamentaria socialista Isabel Celaá, cuando el País Vasco cuenta con 30 millones de euros "vía Cupo" destinadas a las prestaciones recogidas en la Ley de Dependencia.

En realidad, Celaá pide a los diputados generales que secunden la política de Rodríguez Zapatero, que ha comprometido su palabra en el Congreso en que el Ejecutivo central mantendrá el gasto social pese a la crisis económica. "Sería un fraude que a costa de la dependencia se generaran mayores ingresos vinculados a los servicios sociales, y con menor gasto, proporcionando un ahorro neto repudiable a nuestras diputaciones", denunció. Ante el inicio del último periodo parlamentario de la legislatura, Celaá reiteró la "entera disposición al diálogo" del PSE con el tripartito para sacar adelante la ley de Servicios Sociales, aunque también apuntó que tienen "diferencias profundas en torno a temas de calado que, habiendo sido subrayados por la ponencia de Servicios Sociales durante dos años, no han sido tenidas en cuenta en este proyecto".

Entre otros aspectos, Celaá criticó que la universalización de los derechos que ofrece el proyecto "no entre en vigor hasta el año 2017" o la desaparición de la Alta Inspección de los Servicios Sociales, incluida en el primer borrador. El PSE interpreta la desaparición de la inspección como la confirmación de que el Ejecutivo, finalmente, ha tirado la toalla en su intención inicial de regular, coordinar e inspeccionar "todos" los servicios sociales. "Optan por la aceptación resignada de tres modelos [las tres diputaciones] en lugar de construir un sistema unificado".

Celaá puso énfasis también en el modelo de financiación. Reclamó al Gobierno que envíe la memoria económica de la ley. Mientras tanto, el PSE reitera su apuesta por unas prestaciones en servicios sociales gratuitas, como la educación y sanidad. Los socialistas únicamente admiten la fórmula del copago a la parte hostelera de los servicios (alimentación y alojamiento en una residencia) y con un tope máximo del 75% del precio de referencia en los niveles superiores de renta.