El Gobierno de Mazón adjudica 8,4 millones a una constructora ligada a un financiador del PP

El Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón, del PP, ha adjudicado un contrato de la dana de 8,4 millones de forma directa a una constructora ligada a un empresario condenado en el caso Gürtel que reconoció haber contribuido a la caja B de los conservadores en las campañas electorales de 2007 y 2008, según ha comprobado EL PAÍS.

La consejería de Medio Ambiente e Infraestructuras formalizó la pasada semana por el procedimiento de emergencia (negociado sin publicidad) que permite la catástrofe un contrato de 8,4 millones a la constructora Becsa para las obras de reconstrucción de varios tramos de carretera en Valencia.

Detrás de Becsa, a través de dos sociedades, se encuentra Gabriel Alberto Batalla Reigada. En 2018, este empresario reconoció en la Audiencia Nacional haber financiado ilegalmente al PP en las campañas electorales municipales y autonómicas de Valencia de 2007 y en las generales de 2008.

Pese a admitir los cargos, delito electoral y falsedad documental, Batalla Reigada no entró en prisión. Alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, que estimó que el empresario, junto a otros ocho constructores, nutrieron con 1,2 millones la caja B con la que el PP valenciano costeó sus campañas. La confesión permitió a los acusados librarse de entrar en prisión con el pago de una multa.

Las pesquisas del caso Gürtel revelaron que estos constructores financiaron en negro a los conservadores a través de Orange Market, franquicia valenciana de la trama pilotada por Álvaro Pérez, el Bigotes, artífice de la organización de los actos electorales del PP valenciano durante la presidencia de Francisco Camps (2003-2011). La Ley de Régimen Electoral impide a contratistas de la Administración sufragar campañas electorales.

La conexión de la constructora agraciada con la adjudicación de la Generalitat de Mazón y el empresario condenado en el caso Gürtel se canaliza a través de dos sociedades. El 100% de Becsa es propiedad de la mercantil Simetria Fidentia S. L. Se trata de una firma controlada en un 43% por Invernumber S. L., de la que es dueño Batalla Reigada, según la base de datos mercantil Informa. Este diario ha intentado sin éxito contactar con el empresario.

Un portavoz de Becsa ha declinado opinar sobre el contrato de 8,4 millones que el Ejecutivo de Mazón ha adjudicado a su empresa. “No vamos a hacer declaraciones”, ha explicado por teléfono el representante de esta constructora de Castellón con 548 empleados que en 2023 registró unas ventas de 175 millones, según el Registro Mercantil.

El Ejecutivo de Mazón defiende todos los contratos adjudicados por el procedimiento de emergencia tras la dana que el pasado 29 de octubre dejó 227 muertos y 17.000 millones en pérdidas. “Toda la contratación de emergencias sigue escrupulosamente la normativa. Es una forma de contratación que se adapta a la actual situación donde no hay tiempo que perder. Se ha buscado un reparto equitativo y que no fueran dos o tres empresas las únicas que asumieran las reparaciones”, justificaba la semana pasada a este diario un portavoz de la consejería de Medio Ambiente de la Generalitat.

Junto al Ejecutivo de Mazón, que ya adjudicó a Becsa más de cuatro millones de euros por la dana a través de la vía de emergencia, según Eldiario.es, otras Administraciones del Estado también han otorgado contratos a la constructora castellonense. La Dirección General de Carreteras, que depende del Ministerio de Transportes, concedió el pasado septiembre a esta mercantil un trabajo de 6,6 millones. Y la Subsecretaría de Estado de Planificación e Infraestructura adjudicó a esta empresa 446.635 euros.

Becsa no es la única compañía vinculada a pagos al PP que ha recibido licitaciones directas por la dana. La consejería de Medio Ambiente también eligió la vía de emergencia que permite la riada para conceder más de 14 millones en contratos a CHM Obras e Infraestructuras. Se trata de una firma vinculada al expresidente de la patronal alicantina Coepa Rafael Martínez Berna, que fue condenado en 2018 a un año y seis meses de cárcel por dos delitos electorales y uno de falsedad continuada por la financiación del PP valenciano.

Otra controvertida licitación de emergencia aprobada por Mazón fue a parar a STV Gestión, una compañía en la que el secretario autonómico de Comunicación, José Manuel Cuenca, fue responsable de Relaciones Institucionales, antes de desembarcar en el entorno del barón popular. La contratación inicial, de 290.000 euros, se amplió a 2,3 millones en diciembre tras detectarse una carga de trabajo “muy superior a la presupuestada”.

Tras la colosal inundación, el Ejecutivo valenciano ha tramitado más de medio centenar de contratos de emergencia por un total de 237,8 millones.