Mazón adjudica 826.446 euros por la dana a una empresa vinculada a campañas electorales del PP valenciano

El Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón ha concedido un contrato directo por la dana de 826.446 euros a una constructora que nutrió la caja B de la formación conservadora en Valencia en las elecciones municipales de 2007, en las que arrasó la fallecida alcaldesa Rita Barberá, según ha comprobado EL PAÍS. La Consejería de Medio Ambiente valenciana ha otorgado un contrato por el procedimiento de emergencia (negociado sin publicidad) a la constructora Pavasal. Se trata de una compañía que integro un grupo empresarial de 12 firmas que destinaron 1,6 millones a la campaña electoral de Barberá en 2007, según la sentencia del caso Taula.

Pavasal no fue condenada en esta causa, pese a que el fallo reconoce que más de 150.000 euros de esta compañía acabaron sufragando actos del PP. Fuentes del departamento de Medio Ambiente valenciano reconocen que Pavasal fue la única constructora a la que se convocó para este trabajo. Un encargo que consiste en la ejecución de unas obras de emergencia en el barranco de Sechara, junto al Circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), para paliar los efectos de la dana que el pasado 29 de octubre causó 224 muertos y enormes daños materiales.

La sentencia del caso, que menciona a Pavasal como financiador del PP de la fallecida alcaldesa Barberá, recoge que en 2007 la constructora era una de las contratistas del Ayuntamiento de Valencia. Y que la compañía, como el resto de firmas, siguieron las indicaciones del exvicealcalde Alfonso Grau, que fue condenado en esta causa a cuatro años y medio por los delitos de malversación y cohecho, según la resolución judicial, que fue dictada el pasado año por la Audiencia de Valencia.

Alfredo Quesada, consejero delegado de Pavasal, defiende la reputación de la compañía. “Pavasal no ha sido condenada por financiar a partidos políticos. Fuimos como testigos [a declarar en la causa del caso Taula] y no nos condenaron. No hemos financiado a ningún partido”, explica el directivo en conversación telefónica con este diario. Quesada añade que su compañía nunca autorizó financiar las campañas del PP, pese a que la sentencia de Taula asegura que más de 150.000 euros de la firma acabaron costeando actos electorales de esta formación.

Otra fuente de esta compañía asegura que la constructora fue víctima de una “estafa” al desembolsar fondos en una sociedad, Laterne, [sociedad usada para nutrir la caja B de los conservadores] que derivó fondos a financiar la campaña municipal del PP de Barberá. Pavasal es una empresa con 864 empleados, que registró en 2023 unas ventas de 323 millones de euros y contaba con unos activos de 289, según la base de datos mercantil Informa.

La ley de Contratos impide a una empresa contratar con la Administración pública si existe una condena penal con sentencia firme por delitos como tráfico de influencias, cohecho, prevaricación o malversación. La filial del grupo Pavasal Pavagua Ambiental ya se hizo con un contrato de emergencia por la dana de 426.708 euros para las obras en el circuito y en el complejo educativo de Cheste por parte del organismo de la Generalitat Epsar, según informó eldiario.es.

La Consejería de Medio Ambiente defiende la contratación con Pavasal. “Empresas como esta tienen una acreditada solvencia y han recibido en las dos últimas legislaturas del Botánico [que es como se denominó a los Ejecutivos presididos por el socialista Ximo Puig entre 2015 y 2023] contratos para todo tipo de obras. También por parte del Gobierno en situaciones extraordinarias como la actual. De hecho, es la empresa encargada de los trabajos del by-pass en la A-7″, indica un portavoz.

Las obras de la discordia

No es la primera obra adjudicada a una firma vinculada con la financiación del PP. El Gobierno valenciano de Mazón ya otorgó a dedo otro contrato a la empresa Becsa, de la que es accionista uno de los condenados en el caso Gürtel que confesó la existencia de la “caja B del PP” valenciano, tal y como reveló eldiario.es. La compañía no está inhabilitada para acceder a concursos públicos.

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente también ha recurrido a la vía de emergencia que permite la dana para conceder más de 14 millones en contratos a CHM Obras e Infraestructuras. Se trata de una firma vinculada al expresidente de la patronal alicantina Coepa Rafael Martínez Berna. La Audiencia Nacional condenó en 2018 a este ejecutivo a un año y seis meses de cárcel por dos delitos electorales y uno de falsedad continuada por la financiación irregular del PP valenciano.

Otra de las adjudicaciones de la dana bajo el foco de la sospecha es el contrato a STV Gestión, una compañía en la que el secretario autonómico de Comunicación, José Manuel Cuenca, fue responsable de Relaciones Institucionales, antes de pasar a trabajar para el barón popular. La contratación inicial, de 290.000 euros, se amplió a 2,3 millones en diciembre tras detectarse una carga de trabajo “muy superior a la presupuestada”.

Tras la monumental riada, el Ejecutivo de Mazón ha tramitado más de medio centenar de contratos de emergencia por un total de 237,8 millones.