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El conflicto de Bolivia

Las regiones opositoras a Morales levantan la huelga para negociar

El Gobierno llega a un principio de acuerdo sobre impuestos y autonomías

La oposición regional decidió suspender la huelga de 21 días para facilitar el diálogo y el acuerdo preliminar logrado en La Paz, ciudad donde ayer los seguidores del presidente de Bolivia, Evo Morales, salieron a la calle para intentar ocupar la Embajada de EE UU y amedrentar a los adversarios políticos y a la prensa.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, anunció que, en "señal de buena voluntad y contribución al diálogo", se suspenderán las medidas de presión. Marinkovic expresó su esperanza de que el Gobierno ordene también a sus seguidores, colonos emigrantes respaldados por grupos llegados del altiplano, que suspendan el cerco a Santa Cruz, que desde hace siete días tiene bloqueados 15 puntos cercanos a la ciudad.

Los grupos afines a Morales siguen amedrentando a los autonomistas

El fin de semana se registraron graves enfrentamientos cuando jóvenes autonomistas intentaban romper el cerco a 51 kilómetros de Santa Cruz levantado por seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, que respondieron con dinamita.

Las negociaciones entre el vicepresidente, Álvaro García Linera, y el prefecto (gobernador) de Tarija, Mario Cossío, -en representación de las autoridades y líderes de las cinco regiones autonomistas, Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca-, se saldaron la madrugada de ayer con un acuerdo preliminar.

El acuerdo recoge los temas que desataron el conflicto: la restitución a las regiones del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) y los textos de la Constitución y de los estatutos autonómicos, además de un pacto institucional para designar autoridades y revisar el padrón electoral.

Un decreto de Morales transfirió las asignaciones por tasas de hidrocarburos de las regiones a las alcaldías, restando poder económico a los prefectos. Las regiones reclaman la reposición de este ingreso para sanear sus arcas. Pese a estas señales de buena voluntad, los movimientos sociales del MAS han desplegado una ola de intimidación contra líderes regionales y periodistas. En Cobija (Pando), sólo se admite a medios gubernamentales. Los reporteros denunciaron que los agentes les aconsejaron salir de sus domicilios, después de que durante el toque de queda, entre la medianoche y las seis de la madrugada, se atacase con explosivos las casas de dirigentes regionales.

En La Paz, los medios difundieron las quejas de ciudadanos de barrios residenciales que fueron amedrentados por los movimientos sociales. Otro grupo intentó, en vano, llegar a la Embajada de EE UU, cuyo titular, expulsado por Morales, abandonó el domingo el país. El ex presidente Jorge Quiroga confirmó que la policía también le sugirió dejar su casa ante un posible atentado.

Desde el Gobierno, el nuevo ministro de Hidrocarburos, Saúl Avalos, denunció que unos desconocidos hicieron explotar ayer una carga de dinamita contra su casa en Santa Cruz, que sólo causó daños materiales.

Mientras, la fiscalía general anunció que iniciará de oficio un proceso penal contra el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, el ex alcalde de Cobija y líder regional Miguel Becerra, y el senador Abraham Cuéllar por genocidio por la muerte de 30 personas en los choques en la provincia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de septiembre de 2008