Empieza la legislatura

Ha sido ahora, a la vuelta del verano, cuando de verdad ha comenzado la legislatura. Una legislatura distinta de la anterior, tanto porque el principal partido de la oposición ha renunciado a su estrategia de tierra quemada, como por la irrupción de una severa crisis económica. Con estos datos de partida, el debate político se ha inaugurado por donde tenía que hacerlo: por la pugna para fijar la agenda. El Gobierno intentó hasta el mes de agosto evitar que se centrara en la situación económica, un terreno que no le favorecía por múltiples razones. Primero, porque desmentía el optimismo sobre el que adoptó algunas decisiones insensatas, como el paquete de medidas que, colocadas bajo la rúbrica de "políticas sociales", escondía, en realidad, una batería de promesas electoralistas. Después, porque la prolongación artificial del optimismo hacía más difícil cada vez el retroceso, la asunción del principio de realidad, dificultando el giro desde el triunfalismo hacia la preocupación.

El Gobierno regresa a viejos temas y el PP a una oposición monotemática

Convencido de que la crisis se perfilaba como el principal flanco del Gobierno, la oposición ha tratado de concentrar en este campo todas sus baterías. No es, desde luego, una mala opción para sus intereses, entre otras razones porque el Gobierno tendrá dificultades para desviar la atención de asuntos tan acuciantes para la vida cotidiana como el paro, la inflación, la subida de los intereses o la restricción del crédito. Pero tal vez exista un punto en el que el Partido Popular se equivoca: reproducir el esquema de una oposición monotemática, en la que la crisis ocupe el lugar del terrorismo, limita sus posibilidades como alternativa de Gobierno. España se enfrenta a una crisis económica pero, junto a la crisis, existen otros problemas que no deben olvidarse y cuya solución no puede quedar en suspenso. No basta, así, con que la oposición se limite a descalificar cualquier iniciativa del Gobierno que no tenga que ver con la economía como un intento de ocultar las dificultades. Una alternativa de Gobierno solvente no es la que se empecina en un único tema, sea el que sea, sino la que tiene respuesta para todos y cada uno de los asuntos políticos que puedan surgir y, además, consigue imponer los que considera prioritarios.

A juzgar por sus últimos anuncios, el Gobierno se ha propuesto ampliar la agenda política hacia terrenos que le resulten más propicios que el económico. Quizá por esta razón ha retomado la reforma de la ley del aborto, la consideración de propuestas sobre el suicidio asistido o, apoyándose en la providencia de la Audiencia Nacional sobre las víctimas de la Guerra Civil, la reactualización de las disputas a propósito de la Ley de Memoria Histórica. Algunas de estas iniciativas se enfrentan a un pecado de origen, que lleva a interpretarlas como oportunos conejos sacados de una chistera de recambio: el Partido Socialista las retiró de su último programa electoral para, después, reintroducirlas a través de las resoluciones de su último congreso. Además, pretende hacerlas avanzar por una vía en la que la prudencia se confunde con la indecisión e, incluso, con el temor. Es el caso del aborto, para el que se anuncia una nueva ley híbrida de plazos y supuestos que, aparte de las dificultades de técnica jurídica, corre el riesgo de no contentar a nadie.

Pero la necesidad de que el Gobierno contrarreste a una oposición monotemática no deriva sólo de sus propios intereses para mantenerse en el poder, sino de la obligación que tiene éste o cualquier Ejecutivo de hacer que el país siga funcionando, con o sin crisis económica. Por esta razón, no vale cualquier agenda dirigida a contrarrestar la obcecación del Partido Popular. Los asuntos lanzados durante las últimas semanas merecen, sin duda, una respuesta y, seguramente, una respuesta mejor que la que el Gobierno está sugiriendo. En cualquier caso, son asuntos que no pueden considerarse fuera de una jerarquía clara de prioridades: entre la crisis económica y el aborto, el suicidio asistido o la memoria histórica existe un vasto territorio de problemas que debería figurar en la agenda política para los cuatro próximos años. Por ejemplo, la penuria de los ayuntamientos al perder su principal fuente de financiación, las recalificaciones. La calidad de vida en pueblos y ciudades no tiene por delante un panorama esperanzador. Pero, al parecer, tampoco un debate.