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Justicia tiene listo el reglamento para reconocer a las víctimas del franquismo

90 personas han pedido ya al ministerio la declaración como represaliados

Ocho meses después de la aprobación de la polémica Ley de Memoria, el Gobierno empieza a desarrollarla. Sobre todo en uno de sus puntos más novedosos, el de la creación de una declaración solemne de reparación y reconocimiento personal para todas las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior represión franquista.

El Ministerio de Justicia tiene ya redactado el reglamento que desarrolla la ley en este punto (su artículo 4) y lo enviará en las próximas semanas al Consejo de Estado para su aprobación definitiva, según un portavoz de este departamento.

El reconocimiento oficial no implica ninguna ayuda económica

Este documento oficial, que implica un reconocimiento que han reclamado muchas víctimas, debe ser expedido por Justicia, según la ley. El Gobierno quiso crear un tribunal de cinco notables que lo expidiera tras una investigación, pero ante la polémica creada, y tras la oposición del PP, que podría bloquear la creación de este órgano, decidió que sea Justicia quien lo dé casi automáticamente, tras una pequeña investigación de los datos aportados por la víctima o cualquiera de sus familiares.

A pesar de que en las asociaciones de represaliados hay bastante confusión respecto a quién expide este documento y cómo pedirlo, el Gobierno no ha hecho ningún tipo de publicidad. Justicia asegura que ya lo han solicitado 90 personas.

Para muchos represaliados supervivientes -ya muy ancianos en su mayoría- y sobre todo para los familiares de los asesinados, el reconocimiento oficial de lo injusto de su condena, aunque no implique ninguna compensación económica -la ley las excluye- es importante. Al contrario de lo que sucedió en otras dictaduras, la Transición española se realizó sin ruptura legal con el régimen anterior, de manera que, por ejemplo, la sala de lo Militar del Tribunal Supremo rechaza sistemáticamente la revisión de juicios sumarísimos del franquismo, realizados sin niguna garantía legal, porque considera que se realizaron según la legalidad vigente y por tanto son legítimos. Las familias de Julián Grimau o Salvador Puig Antich se han topado con este muro.

Este reconocimiento oficial no equivale a la nulidad de las condenas que reclamaban y reclaman las asociaciones, pero es el primer documento de un Gobierno de España que sirve como reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista.

El Gobierno, sin embargo, tal y como ha denunciado Joan Herrera, diputado de ICV y uno de los principales artífices de la Ley de Memoria, apenas ha desarrollado esta normativa. No sólo no ha elaborado el mapa de fosas a que le obliga el artículo 12. Tampoco ha redactado ningún reglamento ni medida de presión para cumplir el artículo 15, que anima a la desaparición de símbolos franquistas en ayuntamientos e iglesias. El color político marca, como siempre, la decisión. Mientras en A Coruña la nueva administración socialista cambia calles y hospitales dedicados a falangistas, las estatuas de Franco siguen en pie en Santander -pendiente de unas obras de un aparcamiento- o Melilla y no hay noticia de iglesias que hayan retirado la conocida placa de "caídos por Dios y por España".

Lo que dice la ley

- Artículo 4. Declaración de reparación y reconocimiento.

4.1. Se reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los artículos anteriores.

4.4. Las personas o instituciones previstas en los apartados anteriores podrán interesar del Ministerio de Justicia la expedición de la Declaración. A tal fin, podrán aportar toda la documentación que sobre los hechos o el procedimiento obre en su poder.

4.5. La Declaración a que se refiere esta ley será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico y no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de septiembre de 2008

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