El PP y los jueces critican a Garzón por "remover la historia" de la represión

El juez Baltasar Garzón recibió ayer una respuesta contundente de sus colegas: no debe seguir tratando de investigar los desaparecidos del franquismo. Aún más directo fue el ataque del líder del PP, Mariano Rajoy, y de algunos dirigentes de este partido, como Jaime Mayor. "Soy partidario de no abrir las heridas del pasado, porque no conduce a nada", sentenció el jefe de la oposición.

Preguntado sobre el significado de esa respuesta tajante, y sobre si se puede interpretar que el PP está en contra de la reapertura de fosas que llevan a cabo decenas de familias y asociaciones -ya hay más de 4.000 desenterrados, sin que se haya registrado ningún conflicto en los pueblos afectados-, Rajoy no contestó.

"Todo esto es recuperar la peor historia de España", dice Mayor Oreja

Los jueces creen que las exhumaciones corresponden a la Administración

"Ya dije en el debate de la ley de memoria histórica que lo mejor de la Constitución de 1978 es que los españoles nos pusimos de acuerdo en mirar hacia el futuro y construir juntos un mejor futuro para todos. No soy partidario de reabrir las heridas del pasado, lo haga quien lo haga", zanjó el líder del PP.

Un poco más lejos fue Mayor Oreja, que consideró "un error" la iniciativa. "Todo eso me parece un disparate. España siempre ha tenido la tragedia de la división, de la confrontación y todo lo que significa ahondar en eso es recuperar la peor historia de España", declaró a Servimedia.

Este endurecimiento de la posición del PP contradice su línea política. En 2002, con el PP en el Gobierno con mayoría absoluta, y en medio de una gran presión social porque se abrían fosas por toda España sin apoyo de las administraciones, José María Aznar ordenó a los suyos pactar la única condena por unanimidad del franquismo que ha realizado el Congreso.

Se votó el 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco. Esa declaración, inspirada en la frase de Azaña "paz, piedad, perdón" y apoyada por el PP, reafirmaba "el deber de proceder al reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista". "Instamos", decía el Congreso, "a que cualquier iniciativa promovida por las familias que se llevan a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba apoyo de las instituciones". Esa declaración de respaldo oficial incluía la reapertura de las fosas. La iniciativa de Garzón recibió también el rechazo de Antonio García, portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y de Lorenzo del Río, de la Francisco de Vitoria, que consideran que la reapertura de fosas debería ser gestionada por la vía administrativa y no penal. Incluso Miguel Ángel Jimeno, de la progresista Jueces para la Democracia, criticó a Garzón porque cree que ésa es tarea del Ejecutivo, aunque defendió el derecho de las víctimas a saber "dónde se encuentran sus muertos".

La fiscalía, dependiente jerárquicamente del Gobierno, se ha opuesto a la iniciativa de Garzón. Mientras, el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, mostró su "respeto" a la decisión del juez. Amnistía Internacional aplaudió a Garzón y pidió al Ejecutivo que "asuma su responsabilidad" y desarrolle la Ley de Memoria.