EE UU protegerá a los médicos contrarios al aborto

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, no ceja en su política conservadora ni en los últimos meses de su mandato. Su última iniciativa permitirá que el Ministerio de Sanidad rescinda la financiación pública a los hospitales y centros de salud (hay 584.000 en el país) que no atiendan a la objeción de conciencia de su personal sanitario ante el aborto. "Los trabajadores no deben ser forzados a participar en actividades que consideran moralmente erróneas", dijo el secretario de Sanidad, Mike Leavitt.

Farmacéuticos, médicos y enfermeros podrán citar motivos personales, éticos o religiosos para negarse a tomar parte en cualquier fase del aborto. El uso de un lenguaje poco concreto permitirá que muchos de ellos se puedan negar incluso a administrar métodos anticonceptivos o a dar información sobre la interrupción del embarazo.

En julio, la Casa Blanca presentó una versión preliminar de esta ley en la que, por primera vez en la historia de EE UU, se definía el aborto a efectos legales. "Hay dos opiniones sobre cuándo comienza el embarazo. Algunos consideran que en la concepción (es decir, cuando el espermatozoide fertiliza el óvulo); otros defienden que en la implantación (cuando el embrión se coloca en el útero). Ambas opiniones son razonables".

Los congresistas demócratas, en mayoría en las dos Cámaras legislativas, se opusieron ferozmente a un ardid argumentativo que implícitamente definía como aborto algunos métodos anticonceptivos, como el DIU o la píldora del día después, que impiden la implantación del óvulo fecundado. La senadora Hillary Clinton criticó que Bush "permita a ciertos proveedores de salud negarse a ofrecer métodos contraceptivos a mujeres que los necesiten".

Según Cecile Richards, presidenta del grupo Planned Parenthood, que defiende que las mujeres accedan a medidas de planificación familiar, esta medida "supone una seria amenaza a la salud de las mujeres, ya que limita su derecho a recibir información y servicios adecuados". "Es una propuesta politizada e ideológica", añade.

En España, donde el personal sanitario ya puede negarse a practicar un aborto (menos de un 3% de las interrupciones de embarazo se hace en centros públicos), se está elaborando una medida que regule la objeción de conciencia. El objetivo es crear un registro y un procedimiento para hacerlo.