Bolivia: quimera del 'desempate'

El próximo domingo un referéndum revocatorio, aprobado por ley en el Congreso, debería sacar a Bolivia del insondable pantano en que zozobran las instituciones de un país hoy dividido entre un altiplano en torno a La Paz, que apoya masivamente al presidente Evo Morales, centralista, estatista y nacionalizador, comprometido a gobernar a favor de la mayoría india por su victoria en las elecciones presidenciales de 2005; y las provincias del oriente, en especial Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que han organizado y ganado con clara mayoría sendos referendos autonómicos en los que, ignorando la Constitución como también ha hecho Morales con su revocatorio, se atribuyen el control de los recursos naturales y un grado tal de soberanía que convertiría al país en una confederación, como Austria-Hungría en el siglo XIX.

Morales dice que si sus decisiones fueran ilegales tiene abogados que se ocuparán de legalizarlas

Pero no hay ningún motivo para suponer que el referéndum resuelva lo que analistas bolivianos han llamado el desempate entre dos modelos antagónicos de Estado y dos -o más- Bolivias con mayorías indígenas de etnias, lenguas y tradiciones diferentes. Sobre todo, porque nadie sabe qué va a votar exactamente.

El revocatorio copia un modelo inventado por el presidente venezolano Hugo Chávez, que por decir poco es extremadamente idiosincrático. No se vota a favor sino en contra, la consulta afecta a presidente, vicepresidente -Álvaro García Linera, criollo indigenista y radical- y gobernadores de las nueve provincias del país, de las que seis o siete, según contabilidades, son furiosamente anti-Evo. Tal como estaba planeada inicialmente la consulta, Morales y su lugarteniente deberían organizar nuevas elecciones en el plazo de 90 a 180 días si recibían un porcentaje de votos negativos superior a aquel con el que fueron elegidos (53,7%) y un sufragio más en contra que en esa ocasión (1.544.374). Los gobernadores serían, en cambio, reemplazados por sustitutos nombrados por La Paz hasta que se celebraran nuevas elecciones departamentales. Y como Morales y García Linera hicieron un acopio récord de votos en las presidenciales parece extraordinariamente difícil que puedan perder, mientras que la mayoría de los gobernadores, elegidos con menos del 50% de apoyo, son mucho más susceptibles de darse el batacazo. Un gobernador que fuera elegido, pongamos con el 45% de sufragios, tendría que cesar con el 45% y una miaja, aunque le respaldara más del 50% del voto provincial. Semejante planteamiento fue aceptado por razones coyunturales y profundamente erróneas por la oposición, de la que el eje central es la coalición Podemos, dirigida por el ex presidente -criollo- Jorge Quiroga.

En las últimas semanas una y otra coalición han pretendido mantener la integridad de la consulta -la capital- o impedirla o modificarla -las provincias- y las instituciones se han aliado a voluntad o descubierto el matiz bizantino para acabar de formar un lío inenarrable. La única magistrada que sigue en el Supremo -de cinco miembros iniciales- Silvia Salame, servía sin duda a la oposición cuando declaraba en suspenso el revocatorio hasta que se hubieran repuesto las vacantes del tribunal, para fallar sólo entonces si éste era o no procedente. El propio Morales daba munición al adversario diciendo que no le preocupaba que sus decisiones fueran ilegales porque para eso tenía abogados que se ocuparán de legalizarlas, lo que prueba en cuanta estima tiene un ordenamiento jurídico que, a la espera de que lo indigenice la nueva constitución, es de inspiración occidental. Y, por último, José Luis Exeni, presidente de la Corte Nacional Electoral, quizá trabajando para sí mismo, pretende a unos días tan sólo del referéndum recalibrar los porcentajes para hacerlos algo más asequibles a una elemental justicia distributiva. Con razón, el comentarista boliviano Fernando Molina dice que la situación "no requiere análisis sino psicoanálisis", porque el resultado de esa inextricable macedonia de despropósitos, donde, pese a todo, la legalidad asiste al poder central, es que el elector naufraga en ese piélago de confusiones. Y, encima, ésta será la quinta vez en seis años que se le convoca a votar a escala nacional.

¿Tiene sentido sufragar en esas condiciones? ¿Hace bien el presidente insistiendo en mantener reglas tan poco equitativas? ¿Es bueno que los referendos autonómicos surtan efectos para levantar un aparato de poder que destruye el concepto mismo de mayoría nacional? Diríase que lo que toca es pensar Bolivia de nuevo, en una fórmula -una persona, un voto- que congregue y no disperse; que unifique tantos agrupamientos familiares, que entre la masa indígena ya son unos cuantos, y, con ellos, uno más el hispano y europeo.