El poder civil quitó la razón a la familia Franco

Fue en plena guerra civil, el 5 de diciembre de 1938, cuando el caudillo recibió "de la ciudad y la provincia de La Coruña", la "ofrenda-donación de las Torres de Meirás". Un grupo de empresarios afines y autoridades de una Galicia ya entonces franquista, deseosos de rendir honores al general, idearon una compleja y carísima operación para obsequiarle con el castillo de tres torres en la villa costera de Sada, que había sido el refugio literario de Emilia Pardo Bazán.

"La cifra gastada en el pazo es tal que si se supiese causaría asombro", asegura un alto mando militar franquista en un informe de 1939, conservado en el archivo de Alcalá de Henares. Más de 1,2 millones de las antiguas pesetas, una cantidad astronómica en una España devastada por la guerra. "La Junta Provincial Pro-Pazo" se movilizó para recaudar dinero con una campaña de donativos y descuentos obligatorios en salarios de empleados públicos. Los ayuntamientos de la provincia se vieron forzados a entregar el 5% de lo que recaudaban del pueblo con el impuesto de la contribución. Lo hicieron para comprar la propiedad, ensanchar sus fincas y anexos con tierras para decorar y adecentar suntuosamente el conjunto.

Durante casi 40 años, Franco y su familia disfrutaron del suntuoso regalo que el pueblo le hizo. Y tras la muerte del tirano, a diferencia de lo que ocurrió con otras dictaduras, sus herederos siguieron beneficiándose de un dominio que pasó a ser patrimonio privado. En más de tres décadas de democracia, las autoridades siempre hicieron la vista gorda sobre el Pazo de Meirás, inscrito en el registro del Patrimonio Cultural de Galicia por decisión, en 1991, de una Xunta presidida por Manuel Fraga.

Año y medio de litigio

Hace año y medio que la Consellería de Cultura, dirigida por Anxela Bugallo, inició el proceso para devolver, sólo en parte, uso público a la propiedad del dictador. Sus descendientes lo tomaron como afronta, se atrincheraron en su dominio y llevaron al Gobierno gallego a los tribunales. Los Franco, encabezados por la hija del caudillo, Carmen, invocaron la Constitución para reclamar su derecho a cerrar el paso al poder público. Perdieron. Y tras ser obligados por los jueces a permitir la entrada a los inspectores de la Administración, están abocados a abrir sus puertas al pueblo un mínimo de cuatro días al mes.