Rosell pide copago y topes a la huelga ante "la grave crisis"

Los empresarios catalanes saludan los planes anticrisis que han anunciado el Gobierno central y el de la Generalitat, pero creen que las medidas que éstos incluyen se quedarán "probablemente en iniciativas insuficientes". La patronal Fomento de Trabajo lanzó ayer sus propias propuestas, 24, para afrontar lo que describió como "una crisis importante y grave" en la que "hemos descubierto que no somos tan ricos como creíamos", pero de la que "podremos salir si nos arremangamos y vamos juntos en el mismo barco porque son épocas de grandes acuerdos económicos", en palabras de su presidente, Juan Rosell.

Entre las medidas sugeridas, Fomento vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de regular el derecho a la huelga, la de poner coto a los abusos en la sanidad pública mediante la introducción de sistemas de copago y, sobre todo, la de que las administraciones públicas no cedan a "peticiones de gasto [público] infundadas" y se resistan a aumentar sus gastos hasta superar el aumento del producto interior bruto (PIB) nominal. El sector público equivale al 40% del PIB.

Sobre la huelga, Fomento del Trabajo define los límites de ese "derecho respetable" en la posibilidad de que "perjudique el tráfico y el ejercicio del derecho al trabajo de otras personas ajenas al conflicto o disconformes con él". Aludiendo directamente al paro reciente de los transportistas -lo cierto es que lo protagonizaron empresarios del sector- como un episodio "intolerable", Rosell criticó la tardanza del Gobierno en poner firme al sector para terminar con la paralización del transporte.

"Los boicoteos suponen un daño directo a los afectados por motivos muy diversos, no siempre relacionados con tensiones laborales, sino con evaluación de actitudes y deseo de perjudicar a quienes no comparten ciertos puntos de vista", subraya el documento difundido ayer por la patronal.

La introducción de un asunto polémico como el copago de determinados servicios sanitarios y medicamentos es otra medida sugerida. Es algo ya analizado en Cataluña, pero por ahora descartado por impopular. Los empresarios no fueron muy precisos al respecto, sólo hablaron de la necesidad de una mayor "eficiencia" en las prestaciones públicas y de la aplicación de "un ticket moderador que suponga un pequeño coste para el beneficiario aunque sean gratuitas en los casos pertinentes que, aunque contribuya de modo ínfimo al coste de la medicación, evitatrá parte del abuso en la petición de fármacos" y puede evitar al exceso de medicación.

Otras medidas reclamadas son la reducción de agencias, entes, tribunales, observatorios y fundaciones de las administraciones públicas, la reducción de los plazos de pago de las administraciones, principal contratista y comprador del país, poder provisionar indemnizaciones por despidos o que se aligere más la regulación. "Los empresarios queremos que nos den aire para que nos dejen trabajar", dijo.