Ecuador embarga cuatro canales de televisión críticos

El ministro de Economía de Ecuador, Fausto Ortiz, dimitió ayer tras negarse a firmar la orden por la que el Gobierno del presidente, Rafael Correa, se incautó del grupo empresarial Isaías, propietario de cuatro canales de televisión críticos con el Gobierno, y casi 200 empresas.

El Ejecutivo reclama a los hermanos William y Roberto Isaías, prófugos en Miami, 660 millones de dólares (420 millones de euros) por el agujero patrimonial del banco de su propiedad, Filanbanco, intervenido en 1998 durante la crisis que vivió el país y arruinó la mitad de sus instituciones financieras. Ecuador ha solicitado a EE UU la extradición.

La dimisión fue recibida con recelo por los mercados financieros, más partidarios de Ortiz que de su sustituta, la diputada Wilma Salgado, firme partidaria de priorizar el gasto social frente al pago de la deuda.

Centenares de policías ocuparon en Guayaquil y Quito las instalaciones de las televisiones del grupo -TC Televisión y Gamavisión, en abierto, y CN3 y CN7, por cable- tras la orden de embargo dictada por la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD), ente encargado de recuperar el capital público destinado hace una década a sanear el sistema bancario.

"La incautación es para las 195 empresas relacionadas con el Grupo Isaías, entre ellas agrícolas, de comercio, de seguros, de construcción, medios de comunicación, yates, aviones y otro tipo de bienes inmuebles", notificó la oficina de Correa en un comunicado. "Con esta medida, que debió ser tomada hace 10 años, renace la esperanza de los ciudadanos a los que nunca se devolvió el dinero" de sus depósitos, añade el texto.

El representante de la Asociación de Canales de Televisión, Nicolás Vega, y hasta ayer gerente general de Gamavisión, se mostró atónito y aseguró que el canal no es de la familia Isaías. "La libertad de expresión en el país está en peligro", denunció. Por su parte, el abogado de los hermanos Isaías, José Guerrero Bermúdez, señaló que no existe respaldo contable que justifique el embargo. "Se está incautando con datos de hace 10 años, lo cual es un verdadero absurdo y una actitud atrabiliaria", enfatizó. El analista Emilio Palacio calificó la incautación de "medida política desesperada porque va ganando el no en la próxima consulta popular", con la que Correa aspira a consolidar su poder vía reforma constitucional.

Varios asambleístas, por contra, respaldaron la decisión y sugirieron que el siguiente paso es poner a la venta los bienes incautados para devolver el dinero a los clientes del banco. Pablo Lucio Paredes manifestó que sería sospechoso que el Estado se quede con ellos a pocos meses del referéndum. "Si el asunto está dentro de la legalidad, no veo ningún problema", dijo. Enrique Arosemena, nuevo administrador de los canales, explicó que si se determina que "estos medios son de los señores Isaías, habría que sacarlos a subasta".