Una aclaración necesaria

La regulación del final de la vida en un entorno cada vez más medicalizado exige un continuo esfuerzo de clarificación. En España, el Código Penal y la Ley de Autonomía del Paciente, de 2002 (con Gobierno del PP), dejaban -en teoría- el asunto zanjado: "Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento", dice taxativamente esta última norma en su artículo 2.4. Sobre los profesionales, añade que todo el que intervenga "en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente".

Pero esta claridad no ha impedido odiseas como la de Inmaculada Echevarría, la mujer andaluza que pidió que le desconectaran el respirador que la mantenía consciente, pero obligada a estar encamada durante toda su vida. La petición de Echevarría de que le retiraran esa máquina no fue atendida por los médicos del hospital religioso en el que estaba ingresada, en contra de lo que dice la ley. Ello le obligó a un penoso peregrinaje por instancias oficiales y a sacar a la luz pública todas las intimidades de su vida, hasta conseguir que fuera la propia Junta de Andalucía la que diera luz verde a su petición, que exigió su traslado a uno público.

Seguramente en el ánimo de los legisladores autonómicos haya pesado el recuerdo de este caso, y otros distintos como el de Madeleine, la mujer de Alicante que se quitó la vida, o el escándalo del caso Leganés, donde se mezclaron conceptos como eutanasia (una práctica ilegal en España) con la sedación de enfermos terminales (legal y recomendada por todas las organizaciones científicas, y que incluso acepta la Iglesia católica). El PSOE ha retirado la discusión de la eutanasia de su programa electoral.

Por eso, aunque el proyecto no suponga un cambio frente a la legislación nacional -algo por otra parte imposible, ya que las normas estatales son de mayor rango-, es aconsejable que se aclaren términos y procedimientos. El objetivo debe ser que sea el paciente -informado- quien tenga la última palabra.