Valencia deja sin sanidad gratis a 1.600 británicos

Stewart Muir es uno de los 1.600 prejubilados británicos instalados en la provincia de Alicante a quienes la Generalitat valenciana ha cerrado el grifo de la asistencia gratuita. "Estoy de acuerdo en que si no pagamos aquí, no tenemos derecho a ser atendidos", se resigna con elegancia Muir, residente en Monòver, "aunque creo que el sistema británico debería implicarse y ayudarnos".

La ley acaba con este resquicio. Se aplicará al caducar las tarjetas sanitarias

Los afectados tendrán que abonar un seguro o pagar por la atención

Hasta ahora, un resquicio de la sanidad pública valenciana abría las puertas de la atención gratuita a este ex reportero gráfico de Worcester y a otros cientos de compatriotas prejubilados residentes en la Comunidad Valenciana sin preguntar demasiado por su situación. Una categoría -denominada extensión a demanda- ideada inicialmente para servir de paraguas a personas que no habían cotizado a la Seguridad Social (viudas de militares o mujeres de profesionales liberales) se había convertido en un atajo en este colectivo para poder acceder así a los centros de salud y hospitales valencianos. Con el certificado de empadronamiento, estas personas podían solicitar la tarjeta sanitaria indicando que no contaban con ninguna modalidad de aseguramiento ni recursos. De esta forma, de los 3.000 beneficiarios que encajaban en esta categoría en toda la autonomía, 1.600 eran residentes británicos, según el sistema informático de la Generalitat. Esto explica las numerosas atenciones por cataratas, anginas de pecho o tratamientos circulatorios entre estas personas, con el consiguiente gasto para las arcas públicas valencianas.

El problema se limita a los prejubilados británicos. Los pensionistas acceden libremente a la red pública cuyo gasto se factura al Gobierno británico a través de los fondos europeos de compensación. Tampoco afecta a los turistas. La tarjeta europea E-111 cubre sus necesidades durante su estancia en España hasta un año.

Sin embargo, en el caso de quienes se jubilan anticipadamente, si fijan su residencia fuera de las fronteras del Reino Unido, su Gobierno no cubre el gasto de su atención donde fijen su residencia, como apuntan desde el servicio de prensa de la Embajada británica. Excepto en el caso de personas "que se hayan jubilado forzosamente por un accidente o una enfermedad", comentan las mismas fuentes. De esta forma, la salida que les queda para no quedar desprotegidos es contratar un seguro privado hasta cumplir la edad de jubilación -momento a partir del cual su país volverá a hacerse cargo de ellos-, "acreditar debidamente" que no disponen de recursos económicos o pagar por la prestación recibida en el sistema público, como apunta la Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana. Eso sí, siempre que no se trate de una atención en los servicios de urgencias, que sigue siendo gratuita.

El cambio de escenario se ha debido a la entrada en vigor, el 2 de junio, de la Ley autonómica de Aseguramiento Sanitario que ha contado con el apoyo de populares y socialistas, y que pretende aumentar el control en el acceso a la asistencia sanitaria. En todo caso, no es de aplicación inmediata, sino que se respetará el periodo de vigencia de las tarjetas ya expedidas. En el caso de Muir, por ejemplo, hasta febrero del año que viene.

La norma no ha pillado por sorpresa a la Embajada británica. "Valencia ha hecho lo mismo que el resto de autonomías", sostiene un portavoz. "Llevamos años advirtiendo a los británicos de que no confiasen en que este sistema fuera a durar siempre". De hecho, el Gobierno británico ha publicado anuncios en la prensa inglesa para avisar a sus conciudadanos de esta situación. "Yo lo entiendo y creo que es justo", insiste Muir, que ya cuenta con reservar algo de dinero a partir de febrero para un seguro privado.