Las zonas ricas de Bolivia boicotean la consulta sobre la gestión de Morales

Los gobernadores de la media luna boliviana -las cuatro regiones que han aprobado de forma unilateral sus autonomías- no están dispuestos a aceptar el órdago convocado por Evo Morales para el próximo 10 de agosto en forma de referéndum revocatorio. Reunidos ayer en Tarija, junto al prefecto de Cochabamba, los líderes de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija han puesto en duda la participación de sus territorios en una consulta en la que se ampara Morales para demostrar que sigue teniendo el respaldo de las urnas y está legitimado para llevar a cabo la profunda reforma institucional que propone en la nueva Constitución, todavía no ratificada.

El referéndum trata de legitimar la Carta Magna aprobada en un cuartel

Morales ha respondido haciendo un llamamiento a las bases del Movimiento Al Socialismo (MAS) para que garanticen la celebración de la votación en todo el territorio nacional. El presidente boliviano hasta ahora ha optado por asumir lo inevitable y no oponerse en la práctica a la celebración de cuatro referendos autonómicos consecutivos, a pesar de considerarlos ilegales y separatistas, ya que el Gobierno central es el único legitimado para llamar a las urnas a los ciudadanos. Pero no puede permitirse que la consulta crucial de agosto no se lleve a cabo en más de la mitad del territorio boliviano. En la práctica, el nuevo desafío autonomista y la respuesta gubernamental aumentan en un peldaño más la tensión entre dos visiones del país completamente enfrentadas y sin visos hasta el momento de llegar a un acuerdo.

Las provincias rebeldes han creado un nuevo órgano, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, y quieren que Morales se olvide de la consulta para firmar en cambio un acuerdo de reconciliación nacional que reconozca los textos aprobados unilateralmente en sus respectivos territorios. El Consejo se reunió ayer en Tarija, donde menos de 24 horas antes se aprobó con el 80% un estatuto de autonomía, aunque con una alta abstención, que oscila entre el 30%, según las autoridades locales, y el 60% defendido por el Gobierno central. El presidente boliviano considera que los gobernadores que forman el Consejo representan a las oligarquías locales y les ha amenazado con recurrir a la "presión social".

Por primera vez desde que se desencadenó el conflicto autonómico que ha marcado su mandato, Morales juega con ventaja. Para ser revocado, el presidente debe tener en contra más votos de aquellos con los que fue elegido presidente. Dado que alcanza el 54% -uno de los mayores porcentajes jamás registrados-, es muy improbable que pierda la consulta. Además, ha obligado a entrar en el juego a los gobernadores de las nueve provincias del país, que deberán someterse al veredicto popular en un referéndum que promete ser masivo.

"La votación ha sido pedida por gente que no tiene nada que ver con mi gestión", explicaba el gobernador de Tarija, Mario Cossío, quien no obstante aseguró "no tenerle miedo" a la convocatoria. Por su parte, Leopoldo Fernández, gobernador de Pando, destacó que el referéndum revocatorio "no le conviene a nadie porque no soluciona nada". Estos razonamientos son para el Gobierno señales inequívocas del miedo a la derrota por parte de los gobernadores díscolos. "Ya saben que perderán el 10 de agosto", subrayó el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez.

Con una victoria en la mano, Morales tendrá luz verde para retomar la aprobación de la polémica Constitución adoptada el pasado diciembre en el interior de un cuartel y con la única presencia de los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), la formación del presidente. Para que entre en vigor, el texto -que consagra la revolución indigenista proyectada por Morales- todavía tiene que ser respaldado en un referéndum popular, y a esa consulta el mandatario quiere llegar tras un triunfo y no tras una cadena de votaciones desafiantes.