El ex alcalde de Barrika admite vertidos clandestinos en un relleno

El ex alcalde de Barrika, José María Ezpeleta (PNV), ha admitido en un juzgado que "puede que se hayan realizado vertidos clandestinos" por un constructor que fue presidente del PNV de esta localidad. Ezpeleta compareció el pasado 10 de junio como imputado en el caso de un posible delito ecológico que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Getxo.

La denuncia la formuló en 2006 el grupo ecologista Txipio Bai, que acusó a Jon Larrazabal (constructor y presidente del PNV en Barrika cuando en 2002 pidió una licencia para actuar en esa zona) de desglosar el proyecto de acondicionamiento de unos terrenos para uso agrícola cerca de la playa de la localidad en dos superficies de más de 4.000 metros cuadrados. Con esta trampa evitó que la actuación fuera considerada un relleno (cuando el área supera los 5.000 metros cuadrados), que requiere la autorización de la consejería de Medio Ambiente, y precisó únicamente del permiso municipal. En la demanda se imputa a Ezpeleta por tramitar el permiso sin los informes del Gobierno y obviando, como recordó Medio Ambiente, que la zona está incluida en el catálogo de espacios naturales relevantes. El pasado año el Instituto Nacional de Toxicología comprobó que en las tierras utilizadas en los rellenos había concentraciones elevadas de arsénico y cadmio (hasta el triple del umbral legal de afección a los ecosistemas).

En su declaración, el ex alcalde reconoció la posibilidad de los vertidos clandestinos, "pero no sólo por Larrazabal", precisó, "sino por algunos otros desconocidos". Alegó que el consistorio colocó unos carteles en la zona con la prohibición de realizar vertidos y que los estudios medioambientales del Ayuntamiento dicen que "no hay contaminación de tierras".

El constructor Jon Larrazabal, quien compareció el mismo día también como imputado, no respondió a las preguntas sobre cómo llegaron los residuos tóxicos de cadmio y arsénico. Dijo desconocer si se habían pagado tasas y una fianza al Ayuntamiento por el acondicionamiento de los terrenos, y delegó cualquier responsabilidad de lo ocurrido en la empresa Exbasa, a la que traspasó la licencia para realizar los vertidos. "A partir de entonces [del traspaso] toda relación con el Ayuntamiento debió ser por parte de Exbasa", afirmó Larrazabal. La constructora, quien en 2006 negó que participara en los rellenos, aún tiene que declarar.