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La defensa de la propiedad intelectual

El canon digital aterriza en el BOE

El Gobierno aprueba el impuesto que gravará móviles, grabadoras y memorias

Tras 15 meses de retraso y un enfrentamiento a cara de perro entre los fabricantes de equipos electrónicos y las sociedades de gestión, que derivó en gresca política entre el PP -contrario al gravamen- y el PSOE -su más rendido defensor-, el Gobierno publicó ayer la orden ministerial que fija las cuantías del nuevo canon digital. La principal sorpresa respecto a lo pactado en enero entre los ministerios de Cultura e Industria, es la rebaja de 1,5 a 1,1 euros del canon que grava los teléfonos móviles.

La presión de los fabricantes y de las compañías telefónicas ha hecho rectificar ligeramente al Ejecutivo salido de las urnas en marzo. Éste ha optado por reducir en un 26% la cuantía del gravamen que pesaba sobre los teléfonos. Ésta será, en unos años, la primera fuente de recaudación del canon, ya que todos los móviles (se venden 20 millones al año) contarán con vídeo, grabadora y mp3. Asimismo, el canon para los decodificadores de televisión digital que pueden grabar, de 12 euros por aparato, se aplaza un año, con el fin de no perjudicar la implantación de la Televisión Digital Terrestre.

La tasa sobre los móviles queda en 1,1 euros, un 26% menos de lo previsto

La recaudación en un año no podrá superar los 118 millones de euros

Otro de los aspectos más importantes de la orden publicada ayer por el Boletín Oficial del Estado, es que el nuevo canon no tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero pasado, como pedían algunas asociaciones. Su vigencia se prolongará entre el próximo 1 de julio y el 30 de junio de 2009, aunque se podrá prorrogar al menos hasta finales del año que viene. En ese periodo, la recaudación no podrá ser inferior a 110,2 millones de euros ni superior a 117,8 millones. En caso de superar estos límites, el Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, revisará las compensaciones y distribuciones por cada tipo de aparato, con el fin de ajustarlas.

Tal y como estaba previsto, la ampliación de la lista de artículos sujetos al gravamen ha permitido rebajar el peso del canon en los soportes tradicionales como los CD vírgenes, que pagarán 17 céntimos de euro (un 22% menos), y los DVD, a los que se cargará con 44 céntimos (26,6% menos). Los mp3 y mp4 pagarán 3,15 euros.

La gresca entre partidarios y detractores del canon digital se reprodujo ayer. Asociaciones de consumidores (Facua, OCU y CEACU) y de internautas volvieron a considerarlo injusto e indiscriminado, y se preguntaron quién controlará a sociedades de gestión como SGAE o Cedro, que recaudan este impuesto y lo gestionan entre sus asociados.

"Este Gobierno ha aprobado un impuesto que no sólo es injusto, porque grava lo mismo un móvil que vale 50 euros que uno que vale 500, sino que es gestionado por unas sociedades sin ningún control de la Agencia Tributaria. Según nuestras cuentas, la recaudación superará los 225 millones, mucho más del límite establecido", indicó Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas.

La patronal de la industria electrónica (Asimelec) acató el canon como un mal menor porque, después de más de un año, al menos ya saben qué pagarán por cada artículo. En el otro lado, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), las gestoras de derechos de los productores cinematográficos (Egeda) y la de los editores (Cedro) saludaron con alborozo la aprobación del gravamen por parte del Gobierno.

No faltó tampoco la guinda política. El PP, cuyos pesos pesados estaban enfrascados en el congreso de Valencia, eligió a un subalterno para zaherir al Ejecutivo. "El canon es una muestra y una prueba de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no parará hasta ver arruinados los bolsillos de los españoles", dijo el portavoz de Nuevas Tecnologías del grupo popular en las Cortes valencianas, César Sánchez.

Se echaron en falta las declaraciones de los artistas y autores que acudieron en diciembre pasado al Congreso de los Diputados para jalear su apoyo al canon cuando se tramitó parlamentariamente, y dos meses después constituyeron la Plataforma de Apoyo a Zapatero (PAZ), para dar su respaldo al presidente ante las elecciones de marzo.

Más allá de las declaraciones de las asociaciones, las webs de los periódicos y de los blogs se llenaron de comentarios indignados (e insultantes) contra el nuevo impuesto. En muchas de esas opiniones latía el temor de que éste sea el primer paso del Gobierno para seguir en la línea emprendida por el Ejecutivo francés de pasar a perseguir las descargas por Internet.

Precisamente ayer, la recién constituida Coalición de Creadores, integrada por casi todas las asociaciones de gestión de derechos, volvió a exigir al Ejecutivo que acabe con la piratería mediante una nueva legislación similar a la francesa, que prevé la desconexión para los internautas que se bajen canciones y películas gratis de la Red.

"No sólo me hacen pagar el canon por una copia que aún no he hecho, sino que me llaman pirata y ladrón, y me quieren prohibir las descargas", decía ayer un lector de elpais.com.

A partir del próximo 1 de julio, cada vez que alguien compre un teléfono móvil con reproductor de música deberá pagar un nuevo impuesto que irá a parar a las arcas de las sociedades de gestión de derechos que representan a los autores y artistas de obras intelectuales.

Se llama canon digital, y es una compensación por los ingresos que presuntamente dejan de percibir los autores, cada vez que alguien realiza una copia privada de su obra en lugar de comprar el original. Hasta ahora gravaba fotocopiadoras, soportes de CD y DVD y grabadoras de todo tipo. Pero con la entrada en vigor del nuevo canon digital, ningún aparato o soporte susceptible de grabar, copiar o almacenar obras impresas o audiovisuales queda fuera del impuesto más ampliamente odiado por los consumidores.

Móviles, reproductores mp3, mp4, PDA, televisiones con disco duro o memorias flash / USB se cargarán por primera vez con este impuesto, que paga en origen el fabricante aunque luego lo incluya en el precio final que paga el consumidor.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de junio de 2008