Una de cada cuatro nuevas plazas para dependientes será pública

El dinero de las Administraciones central y autonómicas irá destinado a centros de titularidad pública donde se atenderá a las personas dependientes. Las inversiones para construir geriátricos y centros de día previstas para este año así lo demuestran. Si el presupuesto acordado entre las Administraciones se ejecuta como se prevé, el sistema de atención a la dependencia contará con 16.309 plazas más, una de cada cuatro (el 76%) de titularidad pública y el resto privadas o concertadas.

Estas nuevas inversiones mayoritariamente de titularidad pública tienen algunas salvedades, como Castilla y León, que destina el doble de su presupuesto a una nueva red privada, y en Andalucía, que hace un esfuerzo casi a partes iguales. Como media se calcula que en cada nueva plaza se invertirán alrededor de 6.000 euros.

Según los datos del Plan Gerontológico Nacional 2003-2007, el número total de plazas residenciales en España, a enero de 2002 era de 239.761, en 4.802 centros. El índice de cobertura de las plazas residenciales, también con datos de 2002, indicaba que había 3,4 plazas por cada 100 personas de 65 y más años. Actualmente se estima que las existentes rondan las 400.000, muy lejos del número que se necesitaría, que no está calculado. En la actualidad hay 7,5 mayores de 65 años en España.

En un primer momento la concertación de plazas fue la medida más utilizada porque no había suficientes para atender a una demanda creciente y perentoria. Pero ahora parece que se ha vuelto la tortilla, quizá porque la empresa privada aún no ha asumido el negocio que se abre con el sistema de dependencia y también porque hay que dotar de geriátricos y centros de día y noche para atender a ancianos en su mayoría, en el territorio rural, donde la iniciativa privada nunca ha visto rentable entrar. "Necesitamos dinamizar el sector, tanto desde lo público como desde la iniciativa privada, porque es mucha la demanda que hay que atender", dice la secretaria de Política Social de CC OO, Pura García. "En estos momentos parece que hay más proyectos públicos, porque las Administraciones tienen la obligación, por ley, de satisfacer las reclamaciones de los ciudadanos, pero estaremos vigilantes de que estos proyectos se ejecuten", añade la sindicalista.

De las plazas públicas previstas, 9.183 serán de titularidad municipal y 3.314, autonómica. No se trata sólo de construir nuevas habitaciones sino de adaptar también las que ya hay, porque la demanda está cambiando. Muchas de estas plazas estaban previstas para ancianos que podían valerse por sí mismos en alguna medida, o con ayuda de sus familiares. Pero cuando se trata de asistir a discapacitados más graves, se necesitan otras condiciones, por ejemplo tomas de oxígeno, puertas más anchas para las camillas. Ésta es la razón de que algunas plazas estuvieran vacías a pesar de la demanda. Y los dependientes más graves, que deberían estar todos atendidos ya, son alrededor de 200.000.

Las comunidades no dan información sobre el tipo de prestación que están dando a los ciudadanos que solicitan una ayuda. Del 80% de las personas supuestamente atendidas no se sabe si reciben una ayuda económica o les han concedido una plaza en un geriátrico. Pero sí se sabe que el 72% del dinero que ha destinado hasta ahora la Administración central ha sido para financiar servicios, sobre todo para la creación de nuevas plazas en geriátricos y centros de día; y un 15,6% para ayudas monetarias. Y hasta ahora la mayoría de las plazas han sido de titularidad privada.

La ley, efectivamente, especifica que las ayudas económicas serán excepcionales y que la tendencia inequívoca ha de ser la creación de plazas. No se trata de un capricho. Se sabe que en la actualidad hay una legión de mujeres atendiendo a tiempo completo a ancianos y discapacitados, lo que les impide trabajar fuera de casa. Algunas incluso han tenido que dejar sus empleos por esa razón.

Sin embargo, en algunas comunidades hasta ahora se están prestando más ayudas económicas que de servicios. Eso ocurre en Cataluña y la Comunidad Valenciana, por ejemplo, donde se dedica un presupuesto mayor a las prestaciones económicas, tanto por parte de la Administración central como autonómica.