Italia prohíbe a jueces y fiscales las escuchas en casos de corrupción

Cinco años de cárcel para el magistrado que ordene un pinchazo telefónico. Cinco años para quien lo realice y para quien lo filtre, y cinco años para los periodistas que lo publiquen. Ése es el núcleo duro del proyecto de Ley que el Gobierno italiano quiere aprobar el viernes. El primer ministro, Silvio Berlusconi, trata de esta manera de prohibir a jueces y fiscales el recurso de intervenir los teléfonos de sospechosos salvo en los casos de delitos más graves: terrorismo, mafia y violencia sexual. La medida excluiría los pinchazos como método de recogida de pruebas en los procesos que afectan a crímenes de cuello blanco: corrupción, prevaricación, sobornos, extorsión, estafas o delitos empresariales.

Los jueces advierten de que la reforma dará el golpe de gracia a la justicia

Las asociaciones de jueces, editores y la oposición advierten de que si se lleva adelante la reforma, Berlusconi dará el golpe de gracia a la Justicia. El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Luca Palamara, ha mostrado su perplejidad por el plan y ha señalado que, "si el Gobierno selecciona mucho los delitos susceptibles de ser investigados con escuchas, se empobrecerá el Estado de derecho y se restringirán las posibilidades de investigar". Palamara sugiere que delitos comunes como la extorsión y la corrupción quedarían de hecho "despenalizados".

Para el líder de la oposición, Walter Veltroni, las escuchas son "un instrumento fundamental de lucha contra toda forma de actividad ilegal", aunque se ha mostrado de acuerdo en regular a fondo su publicación en los medios de comunicación.

La Liga del Norte, socio de Berlusconi, ha puesto también reservas a la idea, porque considera que puede dañar la imagen de firmeza del Ejecutivo. Pero el Gobierno ha empezado a preparar a la opinión pública para la reforma con dos argumentos: económico y el respeto a la intimidad.

El ministro de Justicia Angelino Alfano recordó ayer que en 2007 hubo 125.000 personas espiadas en Italia, y que "prácticamente todo el país habría sido interceptado alguna vez". Además, declaró que las grabaciones suponen la mitad del total de los gastos judiciales. "Es necesario reducir ese exceso defendiendo la privacidad de los ciudadanos pero sin debilitar a las fuerzas de seguridad", concluyó Alfano, quien recordó que en EE UU se hacen 1.700 pinchazos anuales y en Suiza 1.300.

Berlusconi siempre ha declarado su antipatía por el Grande Fratello judicial en un país que ha vivido casos tan llamativos como el Manos Limpias que dirigió Antonio di Pietro a principio de los 90. Il Cavaliere "tiene pesadillas con los pinchazos, y todos los días pregunta al ministro Alfano si la ley está lista", ha contado La Repúbblica, recordando que, en los últimos años, el propio jefe del Gobierno, decenas de sus amigos y miembros de Forza Italia, diputados, senadores, alcaldes y empresarios de todas las tendencias han sufrido pinchazos y han sido, después, procesados.

Aunque la promulgación de diferentes leyes ha ido dilatando hasta el infinito los procesos y una parte importante acaba prescribiendo, Il Cavaliere ha declarado la guerra a un sistema "que no deja vivir en paz a los ciudadanos". En la campaña prometió acabar con las escuchas.

Algunos medios críticos han apuntado que el proyecto de ley le favorece antes que a nadie a él mismo, ya que está siendo investigado por corrupción en el llamado caso Saccá, conocido a finales de 2007 gracias a la filtración de los pinchazos de decenas de diálogos mantenidos entre Berlusconi y el director de RAI Ficción, Agostino Saccà. Estos revelaron las presiones del entonces líder de la oposición a Saccà para que éste contratase a algunas actrices de su preferencia.

Algunos juristas han advertido de que la reforma impedirá a los jueces, por el principio del tempus regit actum, utilizar las pruebas obtenidas en pinchazos ordenados antes de la entrada en vigor de la ley. Uno de ellos sería, precisamente, el del caso Saccà.