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Berlusconi consigue la aprobación de la polémica ley de escuchas

Estarán limitadas a delitos de terrorismo y mafia.- La nueva legislación establece penas de hasta tres años de cárcel para los que se salten estas restricciones.

El Gobierno del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, aprobó hoy un proyecto de ley para limitar las escuchas judiciales a los delitos más graves y aumentar hasta tres años la pena para quien las publique de manera ilegal, lo que ha despertado duras críticas de la oposición y los periodistas.

El ministro italiano de Justicia, Angelino Alfano, explicó en una rueda de prensa que el actual sistema de escuchas telefónicas o ambientales en investigaciones judiciales ha "degenerado" y que el derecho a la intimidad "ha sido violado muchas veces".

Sin embargo, los críticos consideran que la restricción de las escuchas supondrá una limitación a los poderes de investigación de los jueces, con lo que delitos que se pueden descubrir ahora quedarán ocultos.

Las escuchas estarán limitadas a delitos de terrorismo y mafia, todos los penados con más de diez años cárcel, los que generen "grave alarma social" y algunos realizados contra la Administración Pública, como la corrupción.

La formulación definitiva del proyecto es más amplía que la anunciada por Berlusconi, quien dijo que las escuchas quedarían limitadas al terrorismo y la mafia, con penas de cinco años para los infractores. Este anuncio causó sorpresa incluso entre algunos componentes de su coalición conservadora.

Tres años de cárcel

El proyecto aumenta las penas para quien conoce y publica las escuchas cuando están protegidas por el secreto de sumario con penas de uno a tres años cárcel, frente a la pena actual de un mes.

La reacción de los periodistas fue inmediata, a través del secretario general de la Federación Nacional de Prensa, Franco iddi, quien esperó que el trámite parlamentario sirva para revisar "en profundidad" el proyecto, que consideró "vistosamente contrario las convenciones internacionales".

El ministro de Justicia considera que el proyecto alcanza "un punto de equilibrio" entre la protección del derecho a la intimidad de los ciudadanos y la posibilidad de intervenir contra los delitos que se puedan cometer.

Investigaciones como las realizadas por la quiebra del gigante alimentario Parmalat o, en los últimos días, la relativa a un hospital de Milán donde presuntamente se dieron casos graves de mala praxis médica no se podrán descubrir si esta norma se empieza a aplicar.