El alcalde de Muxía acusa a la agente electoral de vengarse con mentiras

Félix Porto compareció ayer dos veces durante casi tres horas ante la comisión parlamentaria que investiga el pago por parte de la Xunta de un viaje a Argentina a una supuesta agente electoral del PSOE. La primera hora que se sentó ante los comisionados lo hizo como dirigente de Unións Agrarias, el sindicato que contrató a María Isabel Blanco a través de una ayuda de la Consellería de Traballo para integrar a personas con dificultades en el mercado laboral.

"Nunca trabajó como agente electoral, es una pícara sin escrúpulos"

Porto negó hasta cuatro veces que esta mujer hubiese trabajado como agente electoral al servicio del PSOE en Buenos Aires, y acusó a Isabel Blanco de urdir "por venganza" y "con la ayuda del PP un montaje repleto de barbaridades y mentiras". Como dirigente sindical, explicó que él mismo decidió la contratación de esta mujer, "por recomendación de la diputada socialista Marisol Soneira", y que le concedió 53 días de permiso en la precampaña de las municipales (30 de vacaciones, 10 de asuntos propios y el resto jornadas a recuperar a su vuelta de Argentina) porque María Isabel Blanco se lo pidió para acudir a Buenos Aires, ya que "era la última oportunidad que tenía de volver a ese país".

Como alcalde del PSOE, Porto aseguró que él mismo había coincidido en algunos actos de campaña con esta mujer -a la que llamó pícara sin escrúpulos-, "en Buenos Aires y también en la Costa da Morte. "No contraté ningún agente electoral, ella no trabajó para nosotros pidiendo el voto, más allá de que colocase sillas en el auditorio en algún mítin", se defendió Porto.

El alcalde socialista de Muxía no aclaró sin embargo por qué la mujer disponía del censo de residentes ausentes de Muxía, "una ilegalidad que habrá que investigar", y atribuyó su denuncia a "una venganza personal" por no ver renovado su contrato de trabajo. Porto recordó en ese punto las amenazas que recibió de la presunta agente en el Ayuntamiento de Muxía, cuando le comunicó la imposibilidad de prorrogar su relación laboral.

En la tercera de las comparecencias de ayer, el ex conselleiro de Emigración, Aurelio Miras Portugal, aseguró que el convenio entre Iberia y la Xunta -por el que la compañía aérea financia 24.000 euros anuales en vuelos al Gobierno gallego, y que sirvió para sufragar los pasajes de la presunta agente electoral- no se sometió a control por parte de la Xunta. "Eran viajes gratuitos", subrayó Miras Portugal, "y aunque la Xunta trató de primar las razones humanitarias, nada obligaba a ello". Ese criterio fue el que permitió durante años al Gobierno gallego ofrecer pasajes a alcaldes del Partido Popular, a periodistas, funcionarios y técnicos de la Administración, sin otro requisito que el arbitrio de la propia consellería.

Miras Portugal admitió además que la diputada socialista Marisol Soneira, que medió ante la Secretaría Xeral de Emigración actual para tramitar los vuelos de María Isabel Blanco a Argentina, también había reclamado ante la Administración del PP ayudas para atender a emigrantes con problemas. "Estoy seguro de que entonces no lo hizo con fines electorales, sobre este caso no puedo pronunciarme", declaró el ex conselleiro. Durante la sesión de ayer, los diputados de BNG Carlos Aymerich y Iago Tabarés volvieron a censurar las prácticas en la emigración de PP y PSOE. A lo largo de toda la semana, los socios del bipartito se han intercambiado duros reproches en la comisión de investigación.