Política lingüística de Estado

Escribo para elogiar el excelente artículo de Albert Branchadell, Una política lingüística de Estado, publicado en EL PAÍS el pasado día 16, donde este profesor de traducción demuestra un profundo conocimiento de las aportaciones y los problemas que plantea la pluralidad lingüística española. Ojalá los políticos pudieran hablar así de claro acerca de esta cuestión, sin llamar tanto al populismo.

No obstante, quería mostrar mis dudas acerca de un posible uso de otros idiomas como el catalán o el euskera en el Parlamento, lo cual requeriría gran despliegue de servicios de traducción. Tendría su lado bueno, ya que el fuerte valor simbólico del uso de tales lenguas en este contexto confirmaría su estatus como dignas de respeto y aprecio.

Sin embargo, el valor comunicativo de su uso está menos claro. Como declara Umberto Eco en el título de su último libro, traducir no es decir lo mismo, sino casi lo mismo. La comunicación y la comprensión deben prevalecer por encima de otras consideraciones y ya hay mucha incomprensión entre los políticos de distintos partidos. ¿Para qué poner otra traba?

Un cínico diría que promover el uso de otras lenguas en el Parlamento es un intento de fomentar el trabajo del profesor.