Protección de Datos tumba una de las tesis de la Guardia Civil contra Isadora

No había en la basura o en la calle o a la vista de cualquiera ni un listado de mujeres con sus datos personales ni restos de fetos identificados. Una de las acusaciones de la Guardia Civil contra la clínica de abortos Isadora, en Madrid, se esfumó ayer. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha archivado la investigación sobre este caso asegurando que la información personal de estas mujeres se encontraba en bidones cerrados y opacos que iban a ser incinerados, y no en contenedores de la vía pública. A pesar de ello, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) llamaron por teléfono a estas mujeres, las interrogaron e incluso les preguntaron si querían emprender acciones legales contra la clínica "por la gestión de la documentación".

Los datos estaban en bidones opacos y cerrados que iban a ser incinerados

Algunas de estas mujeres dijeron que sí y denunciaron a Isadora basándose en el relato de los hechos que hicieron los agentes del Seprona. En una de las actas de los agentes constan las razones de una de estas denuncias: el destino de los restos humanos, "que aparecieron en un cubo de basura con los datos de identificación de la denunciante", según se indica. Nada de esto era cierto, según ha determinado ahora una resolución dictada el pasado lunes por la Agencia de Protección de Datos. La Guardia Civil declinó ayer hacer declaraciones sobre el caso, señalando que está bajo investigación judicial.

Muchas de estas mujeres ni siquiera habían abortado. Sus datos aparecían en la hoja de consulta de un doctor de un día determinado, que iba a ser incinerada. En la clínica también se hacen revisiones ginecológicas ordinarias. Una de las chicas interrogadas por los agentes, de 20 años, se enteró ayer por este diario de que las acusaciones contra la clínica por mala gestión de la documentación eran falsas. "Yo no denuncié, pero pensé que mis datos sí que habían aparecido en la calle. No sabía muy bien qué había pasado". Ella no había abortado, sino que suele ir a la consulta de este doctor, pero tuvo que dar explicaciones a sus padres tras la llamada de la Guardia Civil porque a ellos les pareció muy raro que la llamaran a declarar. "Tuve que explicarles que no había ido a abortar", señala.

El caso empezó el 16 de febrero de 2007. Los agentes del Seprona se personaron en la clínica Isadora. Allí encontraron varios contenedores que iban a ser recogidos por la empresa de gestión de residuos. Los inmovilizaron y acudieron al juez de guardia de Madrid pidiendo permiso para abrir los contenedores. El juez no lo concedió, archivó el caso y conminó a los agentes a que se abstuvieran de "elucubrar sobre abortos ilegales". Los agentes acudieron después a la Comunidad de Madrid, hablando de mala gestión de residuos. Con un técnico sanitario se llevaron los contenedores a un tanatorio de Alcobendas y los abrieron. Llamaron a una juez de Alcobendas, quien les remitió de nuevo a los juzgados de Madrid. Allí, otro juez, que no conocía lo que había sucedido hasta ese momento, abrió diligencias por posible existencia de abortos ilegales.

En los contenedores se encontraron restos de fetos. Los agentes del Seprona dijeron al juez que parecían "de suficiente entidad" y pidieron que se abriera una investigación judicial. Finalmente, el Instituto Anatómico Forense determinó que los fetos no tenían más de 22 semanas, plazo máximo para el que Isadora tiene licencia para practicar abortos. El juez sigue investigando. El procedimiento lleva más de un año abierto.