La batalla se libra en seis autonomías

La batalla ideológica contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía se está librando sobre todo en seis comunidades. En cuatro de ellas (Andalucía, Asturias, Aragón, Cataluña) ya se han pronunciado los tribunales, en otras dos (Madrid y Comunidad Valenciana) es el propio Gobierno el que ha decidido apoyar a este movimiento en contra de la materia. En Murcia no lo hacen tan abiertamente, pero van a dar facilidades a los objetores. A la vista de la dispersión de argumentos y de criterios de los magistrados autonómicos, todo hace pensar que el Supremo está destinado a decir la última palabra. Si no lo hace antes del próximo septiembre, tres Gobiernos han anunciado que apoyarán la objeción a ella: Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia.

Los obispos, arropados por organizaciones sociales como el Foro de la Familia y la confederación católica de padres Ceapa, están propagando la doctrina en contra de esta materia, con la que hacen además el juego político al Partido Popular -la mayor parte de las comunidades en las que hay conflicto están gobernadas por los populares-, que ha decidido convertir este tema en el protagonista de su oposición al Gobierno en materia educativa. Los padres que han recurrido a los tribunales -a principio de este curso, cuando se empezó a impartir en seis comunidades lo habían hecho 84, según datos de las consejerías- pertenecen a estas organizaciones o lo cuentan con su apoyo.

- Andalucía. La segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad en contra de esta materia intenta complementar los argumentos que utilizaba en la primera (del pasado marzo), en la que defendía el derecho de los padres de alumnos a la objeción "como a cualquier asunto que pertenezca al "claustro íntimo de creencias", y argumentaba "razones filosóficas o religiosas". Dado que la tesis de la objeción de conciencia es más que discutible cuando se objeta al cumplimiento de una ley, como es el caso, el mismo tribunal ha decidido en la segunda sentencia hacer referencia directamente al contenido de la asignatura, con lo que se ha visto obligada a mencionar el motivo de fondo de esta oposición organizada: el rechazo a que se explique a los niños que hay matrimonios homosexuales y que así sepan que tienen esta opción en la vida.

- Asturias. El Tribunal Superior de Asturias se manifestó a favor de la materia el pasado febrero. "No puede suscitar duda alguna sobre su constitucionalidad", decía. "No cabe impugnar la materia por considerarla contraria al derecho a la libertad religiosa", "no existe un derecho constitucionalmente protegido a la objeción de conciencia superior a un deber impuesto normativamente", dejaba bien claro.

- Aragón. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Teruel desestimó la demanda para objetar de dos padres del Instituto Damián Forment de la localidad turolense de Alcorisa. "No cabe impugnar genéricamente las asignaturas relativas a Educación para la Ciudadanía como contrarias al derecho a la libertad ideológica y en consecuencia que no procede amparar derecho fundamental alguno", rezaba el texto.

- Cataluña. Ni siquiera admitió el Tribunal Superior de Justicia catalán, a finales del año pasado, la reclamación de los padres de tres hermanos para que no tuvieran que cursar la materia. El tribunal consideró que la Constitución no permite a los padres que puedan imponer a la Administración el no cursar asignaturas que es obligatorio por ley que estudien sus hijos.

- Comunidad Valenciana y Murcia. El Gobierno valenciano apoya abiertamente la objeción y además impartirá la materia en inglés. Murcia no lo ha dicho tan abiertamente pero en la práctica ha comunicado que hará lo mismo que la comunidad valenciana: poner a los objetores un aula a su servicio, en los centros, en la que podrán pasar la hora en la que sus compañeros cursen esta materia.

Otras comunidades gobernadas por los populares han tenido una actitud más prudente. El ejemplo es La Rioja. El Gobierno regional, del PP, ha decidido no admitir objeciones de conciencia a la asignatura. Un informe de sus servicios jurídicos advierte de que la objeción de conciencia "no está reconocida en nuestro Estado de derecho ni en derecho alguno, pues significaría la negación misma de la idea del Estado".