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Editorial:

Refugios inaceptables

Los paraísos fiscales que no se plieguen a las normas europeas deben ser penalizados

La investigación de las autoridades alemanas sobre localización de fondos derivados de la evasión fiscal en bancos domiciliados en Liechtenstein, no ha hecho sino desvelar presunciones hace tiempo denunciadas por la propia OCDE. Cada día que pasa son más los evasores que se suman a ese millar inicial de alemanes, responsables de más de 4.000 millones de euros de fraude. Ahora hemos sabido que la Agencia Tributaria española -igual que las autoridades francesas, italianas o danesas- ha recibido información de Alemania relativa a evasores españoles y tramas complejas que utilizan bancos amparados en el mantenimiento del secreto de sus transacciones.

Es esta facilidad para seguir defendiendo el oscurantismo de las transacciones bancarias y la ausencia de información a las autoridades de los países implicados lo que sigue amparando el refugio para transacciones derivadas, en el mejor de los casos, de la evasión fiscal y, en no pocos, de operaciones directamente ilegales, como el tráfico de drogas y cualquier otra modalidad de lavado del considerado dinero negro. Su mantenimiento es de todo punto inaceptable.

Hace bien la OCDE en denunciar la existencia de algunos de esos emplazamientos (Liechtenstein, Mónaco, Andorra, de forma destacada) como "no cooperadores" con las exigencias de intercambio de información y transparencia entre autoridades que un sistema financiero globalmente interdependiente necesita. La existencia de paraísos fiscales, amparados en la opacidad de las transacciones, significa la ausencia de la mínima de ética que ha de presidir la actividad económica y financiera. Pero, además, se revela incompatible con el actual proceso de globalización. No es cierto, como sostienen sus defensores, que la existencia de estos refugios de dinero favorezca la rebaja de impuestos en los países del entorno. Por el contrario, la fuga de patrimonios y capitales obliga a mantener impuestos elevados sobre las rentas medias y bajas. Es urgente, por tanto, no sólo denunciar a esos centros, sino penalizarlos directamente. Hace años que los tres citados han sido identificados como renuentes a la colaboración con otros Gobiernos, a diferencia de una treintena larga de paraísos similares que han ido cooperando en esas exigencias de información. La definición de estándares internacionales sigue siendo prioritario.

Las autoridades españolas, por su parte, deben tomar nota de las alemanas y sancionar cuanto antes a los incumplidores identificados. En momentos como los actuales, de competencia entre los dos grandes partidos por reducir impuestos, sería poco presentable que no se pronunciaran sobre la necesaria persecución de los que incumplen las obligaciones básicas, en ocasiones como es el caso ahora descubierto, amparados en tramas complejas y con la complicidad de países que tratan de hacer de esa complicidad su principal ventaja competitiva.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de marzo de 2008