200 empleados en el limbo

El presunto fraude millonario a las arcas públicas por parte de directivos de Mutua Universal ha dejado en el limbo a entre 200 y 250 trabajadores de esa madeja de sociedades bajo sospecha. Se trata de varias empresas vinculadas a ejecutivos de esta mutua de accidentes de trabajo, que prestaban y facturaban servicios a la entidad, según la Fiscalía Anticorrupción. Los ejecutivos imputados -entre ellos el ex gerente, Juan Aicart- habrían utilizado algunas de ellas para inflar facturas y desviar fondos públicos a empresas privadas que controlaban. De esta forma, se pudo defraudar hasta 12 millones de fondos públicos.

Ahora, con el caso en el Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona, estas 200 personas en toda España han visto esfumarse buena parte del trabajo que prestaban, varias empresas tienen embargadas las cuentas por orden judicial y se sienten abocados al paro. El Ministerio de Trabajo y Mutua Universal aseguran que están buscando una solución para mantener la plantilla, que hacía un trabajo legal, pero dependía de las manos equivocadas.

"Llevamos años trabajando para la mutua y ahora no existimos. Mutua Universal nos niega, nuestros propietarios han desaparecido y las empresas están abocadas a la suspensión de pagos", explica un empleado de una de las sociedades bajo sospecha, que quiere mantenerse en el anonimato. Son alrededor de una veintena de sociedades, como Proyectos Sound, grupo Premeser, Centros Canarios de Medicina y Salud o Centro Sanitarios General Salud. Muchas, sospechosamente, compartían domicilio social en el número 385 de calle Aragón de Barcelona. "Están dejando morir las empresas", critica otro trabajador.

Posible demanda

Algunos han optado por dejar el empleo. Otros, que se han agrupado, se plantean acudir a los tribunales para exigir la incorporación a Mutua Universal de todo el personal o bien indemnizaciones de 45 días de salario por año trabajado para aquellos que pierdan su empleo.

Pero la situación es compleja. Una vez destapadas las presuntas irregularidades, Mutua Universal tiene la obligación de desvincularse de las sociedades. "No puede persistir la vinculación por prohibición de Trabajo", explican fuentes jurídicas de la entidad, aunque aseguran que sí están moviendo ficha para procurar conservar estos empleos. La mutua ha solicitado a la Seguridad Social autorización para comprar o subrogar aquellas empresas cuyo objeto social es la prestación de servicios sanitarios. La operación equivale a gestionar una decena de centros sanitarios distribuidos por toda España y permitiría salvar el empleo de unas 70 personas, según fuentes de Mutua.

El director de Ordenación de la Seguridad Social, Miguel Ángel Díaz Peña, recalca que la intención de Trabajo es mantener todos los puestos de trabajo, aunque las empresas "jurídicamente tendrán que cambiar". Es decir, tener un nuevo dueño no relacionado con la mutua.

Una vez se levanten los embargos, explica Díaz Peña, los centros sanitarios tienen posibilidad de incorporarse a Mutua Universal. La situación es más incierta para aquellas empresas que prestaban servicios no sanitarios. En estos casos, Mutua sostiene que está buscando interesados en comprar estas compañías. Otras sociedades actuaban como meras factureras y apenas tienen empleados.

La entidad ha presentado a la Seguridad Social plan para subsanar las irregularidades, en el que se pone el acento en la desvinculación de esas empresas, la nueva gerencia y el reintegro del dinero a la Seguridad Social, una vez se aclare el proceso.